Este artículo se publicó hace 14 años.
González promovió una obra ilegal que benefició al socio de su familia
El TSJ de Madrid anula la decisión del Gobierno de Aguirre de construir un campo de golf sin licencia
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal y con el argumento de que se trataba de una obra de "excepcional interés general". La sentencia pone en la picota al vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia.
El Gobierno de Aguirre decidió, en octubre de 2006, modificar el proyecto de crear un parque público en un solar propiedad del Canal de Isabel II para incluir un campo de golf. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, le negó la licencia municipal y la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) también puso reparos.
Aguirre se saltó el veto de Gallardón declarando la obra de interés general
Los madrileños demandan golfPara evitar la ilegalidad urbanística de su proyecto, Aguirre decidió recurrir a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin licencia municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".
La Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí acudió a los tribunales y ahora, casi tres años después de que el campo de golf fuera inaugurado, el TSJM anula por ilegal la decisión del Gobierno autonómico. El tribunal considera "notoriamente insuficiente" el único y escueto argumento utilizado por Aguirre para justificar el "excepcional interés general" de la obra: que pretendía fomentar deportes "con numerosos aficionados en la Comunidad de Madrid, como son el pádel y el golf".
En el dossier sobre González que Rajoy no investigó se cita el campo de golf
Una portavoz oficial del Gobierno madrileño se negó ayer a valorar la sentencia del TSJM. "Nos hemos enterado por la prensa y los servicios jurídicos están estudiando el fallo para decidir si se presenta recurso", indicó.
Tanto Izquierda Unida como las dos asociaciones vecinales de Chamberí que se han opuesto a las instalaciones deportivas pidieron ayer que se desmonte el campo de golf y se instale el parque público que el PP prometió cuando el presidente autonómico era Gallardón. IU recuerda además que la construcción del campo de golf ha estado rodeada de diversos escándalos, en una clara alusión a Ignacio González.
El número dos de Aguirre es el presidente del Canal de Isabel II, que adjudicó la instalación deportiva. Un cuñado de González, José Juan Caballero, fue uno de los promotores del proyecto del campo de golf, según desveló Público el 6 de febrero de 2009. Y diversas empresas relacionadas con familiares del vicepresidente se quedaron con varias subcontratas de la obra, que tuvo un presupuesto de 3,5 millones de euros.
Un cuñado del vicepresidente fue el promotor de la instalación
La construcción del campo de golf se terminó justo antes de las elecciones autonómicas de 2007 y la explotación de las instalaciones deportivas se la concedió el Canal a un consorcio formado por tres empresas. Una de ellas, denominada Tecnoconcret, era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. El vicepresidente no se abstuvo en el consejo de administración del Canal que aprobó la adjudicación y ocultó al resto de consejeros la vinculación que su familia tenía con el dueño de Tecnoconcret. Esta empresa no tenía ninguna experiencia en el sector y había sido constituida pocos meses antes.
Pelotazo y dossierEn enero de 2008, Tecnoconcret vendió sus acciones en el consorcio por un precio declarado de 30.000 euros, cuando sólo había puesto 3.600 como capital inicial. Es decir, obtuvo en menos de un año una plusvalía del 833%. González nunca ha explicado por qué adjudicó la explotación del campo de golf a una empresa sin experiencia en el sector y que un año después vendió sus acciones.
Un hermano de González es socio de la empresa que recibió la concesión
Pocos meses más tarde, en noviembre de 2008, Tecnoconcret amplió su accionariado para dar entrada a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente. Entre ambos pasaron a controlar la mayoría absoluta del capital de la empresa.
La sospechosa adjudicación del campo de golf del Canal por parte de Ignacio González se explicaba con detalle en un amplio dossier, de 69 páginas, que llegó a la dirección del PP. Pero el equipo de Mariano Rajoy decidió no investigar el asunto. En enero de 2009, cuando saltó el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid, este diario logró una copia del dossier e informó sobre su contenido.
El vicepresidente denunció en los tribunales la realización de ese dossier, que no sólo informaba de sus adjudicaciones sospechosas, sino que también aportaba amplia información sobre las propiedades de González y de sus familiares. El juez todavía no ha localizado a los autores del informe. El vicepresidente madrileño siempre ha negado la existencia de irregularidades en su gestión.
Un parque público que se convirtió en golf privado22/07/2002
Convenio urbanístico
El Ayuntamiento de Madrid y el Canal de Isabel II firman un convenio urbanístico para transformar los 120.000 metros cuadrados de un solar donde estaba un depósito de agua en un parque para uso público.
13/10/2006
Aparece el campo de golf
El Canal de Isabel II, presidido por Ignacio González, solicita al Ayuntamiento de Madrid un cambio en la licencia municipal para construir en la zona un campo de golf y varias pistas de pádel. La corporación que dirige Alberto Ruiz-Gallardón exige documentos que justifiquen la reforma del proyecto.
18/01/2007
El interés de aguirre
Para saltarse el veto municipal, el Gobierno de Aguirre decide declarar la obra de «excepcional interés general» con el argumento de que muchos madrileños juegan al golf.
21/01/2010
Sentencia del TSJM
El Tribunal Superior dicta una sentencia, conocida ayer, en la que anula la decisión del Gobierno de Aguirre.
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