'Quiero unirme a la juventud en una oración de agradecimiento y alabanza al Creador porque, a estas alturas de mi vida, he llegado a comprender que sólo en Él está la única verdad'.

El ferviente católico que con estas palabras quiso compartir con todos los españoles, a través de Alfa y Omega, la revista de la Conferencia Episcopal que distribuye el diario Abc, sus sentimientos ante la próxima llegada a Madrid de Benedicto XVI, no es un ciudadano más. Se llama Carlos Dívar y, aunque afirme públicamente que 'la única verdad' está en el Creador, es la máxima autoridad del Poder Judicial presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la muy secularizada España de 2011. Y fue nombrado a instancias del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

El último mandato de Zapatero se inició en 2008 paradójicamente con la promesa de reformar la Ley de Libertad Religiosa, vigente desde 1980, y reforzar así el modelo de Estado laico, por lo menos en el terreno simbólico. Pero la legislatura finaliza sin rastros de la reforma prometida, con el presidente de Les Corts valencianas colocando un gran crucifijo en la presidencia, con la nueva presidenta castellano-manchega con peineta en una procesión con música del Ejército de España, con Madrid convertida en la capital mundial del catolicismo... Y con la máxima autoridad judicial proclamando que 'la única verdad' está en el Creador.

Dívar: 'Antes de abandonar a Dios, abandonaría mi trabajo, sin hacer ningún ruido'

'Esta debía ser la legislatura del avance hacia un Estado laico de verdad, que superara la anomalía de los privilegios de la Iglesia católica, y nos encontramos con un retroceso brutal', lamenta Oriol Illa, director de la Fundació Ferrer i Guàrdia, centro de referencia del laicismo en España.

'En cualquier país normalizado, las palabras de Dívar deberían ser motivo de dimisión porque compromete seriamente la imagen institucional del Estado', sostiene por su parte Miguel Ángel Presno, constitucionalista de la Universidad de Oviedo. Y añade: 'Si dijera públicamente que es un entusiasta votante del PP o del PSOE, se generaría un gran revuelo. Pues lo que dice es equivalente y no pasa nada'.

Cuando Zapatero catapultó a Dívar a la presidencia del Supremo y del CGPJ, en 2008, su militancia católica, pública y activa, era bien conocida. Y él la amplificó. En una entrevista en el semanario católico Alba tras su elección dijo que él se lleva cada día a su trabajo 'el amor de Dios'. ¿Y si se viera obligado a elegir?, le preguntaron. Su respuesta: 'Mi vida es una unidad. Antes de abandonar a Dios, abandonaría mi trabajo, sin hacer ningún ruido'.

Pero el fervor mostrado ahora va más allá, en opinión de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), muy decepcionado por el papel del Supremo en la investigación de los crímenes del franquismo: 'Es lamentable que el responsable del Supremo y del CGPJ, dos órganos encargados de conocer la verdad y someterla a la ley, sea un hombre que piensa que es un atributo divino y no humano'.

Silva se pregunta incluso si podría ser recusado por ello: 'Es evidente que privadamente puede ejercer la creencia que quiera, pero que públicamente haga ese tipo de manifestaciones debería inhabilitarle para su cargo. ¿Puede alguien así intervenir imparcialmente en un conflicto donde haya ateos, agnósticos o miembros de la Iglesia católica?'.

Joan Garcés, uno de los abogados que impulsó la querella por los crímenes del franquismo que le ha costado la carrera al juez Baltasar Garzón, ya intentó la recusación en 2010, junto con la de varios magistrados del Supremo, la institución que preside Dívar y que instruye tres causas contra el juez. Garcés argumentó precisamente que varios magistrados habían jurado fidelidad al Caudillo, cuya 'cruzada' fue aplaudida por el Vaticano casi desde el principio.

El asunto del juramento, esgrimió Garcés, cobra especial relevancia ante la insistencia de Dívar en expresar públicamente su adhesión al catolicismo. 'Puede haber conflicto de intereses en quienes, habiendo jurado ante Dios comunión con los ideales que dieron vida a la Cruzada-Movimiento Nacional, no pueden presentar la prueba de haber sido dispensados del juramento'. Y concluyó: 'Ni la jerarquía española de la Iglesia católica ni la Santa Sede han dispensado de este juramento a quienes lo prestaron'. La recusación fue desestimada completamente.

'Muchos altos cargos del Estado parecen representantes de un Estado confesional'

'El problema es que no se trata de una sola persona, sino que muchos altos cargos del Estado parecen representantes de un Estado confesional', apunta Illa. La inminente llegada del papa ha intensificado las muestras públicas en favor del catolicismo de destacados miembros de la judicatura y del Poder Judicial. El mes pasado, Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, fue el apasionado pregonero del Corpus Christi en la iglesia valenciana del Patriarca. Y Adolfo Prego, magistrado del Supremo, afirmó en una conferencia en Torreciudad que en España hay menos violencia de género 'gracias a los valores cristianos'. Su receta para combatir la lacra: 'Recuperar los valores y la educación religiosa'.

Claro José Fernández-Carnicero, vocal del CGPJ a propuesta del PP, compitió con su jefe, Dívar, en muestras de fervor: 'España es patria, gracias a la intercesión de María, en sus inagotables advocaciones, y al amor con que nuestra madre humana nos educó como hijos de la Iglesia'.

La identificación entre patria y religión la hizo también el hoy vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, pero con Catalunya, durante la anterior visita del papa en Barcelona: firmó, junto con decenas de políticos y representantes de la sociedad civil, un documento en donde consideraba que los cristianos son la 'sal' de Catalunya, un país 'con raíces cristianas' que inició su 'proceso de identidad cultural' buscando 'el amparo de la Sede de Pedro y adoptando la liturgia romana'.

Su colega en el Alto Tribunal Jorge Rodríguez-Zapata, se atrevió incluso a llevar una cita de la Biblia a su voto particular para explicar su radical oposición al nuevo Estatut. 'Sólo Adán pudo tener ante sí todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19)', escribió para afear la ambición de los redactores del Estatut, a su juicio desmedida.

'Lo que estamos viendo últimamente era inimaginable hace muy poco'

'Lo que estamos viendo últimamente era inimaginable hace muy poco', sostiene Jordi Figuerola, profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) especializado en Historia Eclesiástica. Pero añade que todas estas manifestaciones no tienen que ver con la religión, sino con el poder. Y esto es lo que, a su juicio, explica que no exista ningún paralelismo posible con la tensión religiosa que se vivió en la década de 1930 con la República y que el propio Joseph Ratzinger evocó en su último viaje a España al emparentar la agenda del Gobierno con el supuesto laicismo radical de la II República.

'La Iglesia acepta la separación Iglesia-Estado en el Concilio Vaticano II [1962-1965], con lo que desde entonces estamos en un marco completamente distinto. Lo que hay ahora es la máxima movilización de determinados elementos conservadores para retener el poder y ciertos privilegios en una sociedad que es laica y que cada vez se va secularizando más, y que, por tanto, si no ganan la calle se arriesgan a perder. Pero esto es lucha por el poder, no de religión', añade Figuerola. Y concluye: 'El fenómeno se ha agudizado ante el escenario de cambio político y con un PSOE en retirada y sin ningún antídoto cultural'.

Los partidarios de mantener los privilegios a la Iglesia la financiación pública, que organizaciones como Europa Laica calculan en 7.000 millones al año; la religión en la escuela, con profesores de catecismo pagados por el Estado; la cruz y la Biblia en los actos de toma de posesión de los ministros; la ofrenda anual al apóstol Santiago del jefe de Estado, etcétera esgrimen la Constitución para justificar el statu quo.

La norma, de 1978, consagra la neutralidad del Estado, pero cita también a la Iglesia católica de manera singular, lo que según los juristas conservadores le otorga preminencia. Pero los juristas progresistas coinciden en que la asimetría en favor de la Iglesia católica no está en la Constitución, sino en el Concordato firmado sólo seis días después con el Vaticano.

'La Constitución establece un Estado laico con todas las consecuencias'

'La referencia a la Iglesia católica fue una deferencia por razones históricas, pero la Constitución establece un Estado laico con todas las consecuencias', subraya José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, quien añade: 'El espíritu es muy claro'.

Luis Aguiar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, le secunda: 'El problema no está en la Constitución, que permite perfectamente lecturas laicistas'. Y pese a que considera que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 fue un gran avance en su momento, se muestra partidario de revisar el marco legal para adaptarlo a la sociedad actual, mucho más secularizada.

Pero el marco legal quedó congelado en 1980. Y en su cúspide, 31 años después, se considera que 'la única verdad' está en el Creador.