Los desahucios ya no tienen la dimensión mediática que llegaron a alcanzar durante los peores años de la crisis. Es verdad que ahora no hay tantas familias que pierdan su vivienda por falta de recursos para pagarla. Pero las cifras siguen siendo muy altas, por más que no aparezcan en la prensa con la relevancia y frecuencia de antes. 

La información sobre desahucios está dispersa, aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece trimestralmente pistas que ayudan a hacerse una idea. No obstante, este organismo sólo facilita datos desde 2014, justo el año en que teóricamente acabó la recesión, al experimentar España un crecimiento del PIB del 1,2%.

El INE se basa para su recuento en los Registros de la Propiedad de todo el país, donde debe quedar constancia de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Es decir, de aquellos inmuebles que salen a la venta ante la incapacidad del propietario para cumplir las obligaciones que contrajo con la entidad que le financió. 

No todas las ejecuciones hipotecarias desembocan necesariamente en el desahucio, sobre todo desde que algunas administraciones públicas tomaron cartas en un asunto que llegó a adquirir tintes sociales alarmantes. Pero sí conllevan la pérdida de la propiedad del inmueble, con el drama que con tanta frecuencia eso supone. 

Pues bien, según el INE, entre 2014 y el primer trimestre de 2017 se produjeron en España un total de 313.031 ejecuciones hipotecarias, de las que más de la mitad (180.595) correspondieron a viviendas. La mayor parte de los damnificados por ellas fueron familias (116.631) y el resto, personas jurídicas. 

Sólo entre enero y marzo de 2017, con la economía española disfrutando supuestamente de viento de popa, hubo 9.153 ejecuciones hipotecarias de viviendas. Esta cifra, que equivale a cien al día por término medio, refleja cómo la “recuperación” pregonada por el Gobierno no ha acabado, ni de lejos, con este problema. 

La comunidad autónoma con un número más elevado de ejecuciones hipotecarias de viviendas en los tres primeros meses de 2017 fue Andalucía (2.661), seguida de la Comunidad Valenciana (1.588) y Cataluña (1.483). En el lado opuesto figuran Navarra (67), La Rioja (67), País Vasco (79) y Cantabria (80), siempre según el INE.