Mientras Yemen se desangra, el príncipe heredero del reino saudí Mohamed bin Salman, de gira por varios países, visita España. Aprovechando este hecho, varias ONG responsables de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón) exigen al Gobierno que cese la exportación de armas a Arabia Saudí, y especialmente piden que no se promueva la venta de cinco corbetas a dicho país, largamente retrasada.

Según estas ONG, países como “Alemania, Suecia, Noruega o Bélgica han cesado las exportaciones de armas a la coalición saudí”. Por contraste, España ha exportado armas a ese país por valor de 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017, y aún están pendientes de firmar un contrato con Navantia para la construcción de los barcos, cuya construcción llevaría al menos dos años.

La venta de estos buques de guerra ha sido un objetivo prioritarios para el Gobierno en su relación bilateral con Arabia Saudí. El propio rey Felipe VI centró una parte de su última visita oficial a aquel país en ese asunto. La venta de los navíos, que se construirían en los astilleros de Cádiz y Ferrol (A Coruña), alcanzaría un valor de unos 2.000 millones de euros.

Las organizaciones no gubernamentales denuncian que “España podría convertirse en cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen debido al riesgo sustancial de que las corbetas se utilicen para llevar a cabo ataques militares directos contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto a Yemen por la coalición saudí”.

Denuncia en Francia

Mientras, el propio Bin Salman ha sido denunciado en Francia por una organización yemení defensora de los derechos humanos por crímenes de guerra en su país, informa la radio "France Info".

El abogado penalista Joseph Breham, que actúa en nombre de la Asociación yemení de Defensa de los Derechos Humanos, confirmó a la emisora que interpuso la demanda el lunes en el Tribunal de Gran Instancia de París, aprovechando la visita del hombre fuerte de Riad a Francia.

Según el letrado, Francia ha ratificado la convención contra la tortura que establece que cuando una persona está en territorio galo la justicia de ese país es competente para investigarle por crímenes contra la humanidad, por lo que pidió que se nombren unos jueces instructores.

La denuncia señala a Bin Salman como cómplice de torturas por su papel al frente de una coalición que, desde el inicio de su intervención en 2015 contra los rebeldes hutíes con 150.000 militares y un centenar de aviones, ha provocado más de 10.000 muertos y 50.000 heridos.

La ONU estima que, hasta finales de enero de 2018, más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo de Yemen por parte de la coalición saudí.