MADRID
Actualizado:Con el talonario por delante, los grandes empresarios y políticos han conseguido durante décadas abrir causas judiciales contra sus adversarios. Sólo les hacía falta contratar a las personas idóneas, un grupo de comisarios de Policía, encabezado por José Manuel Villarejo Pérez y en el que también colaboraba el comisario Carlos Salamanca, que durante décadas mezclaron sus obligaciones públicas de perseguir delitos con los millones que les reportaban crearlos al criterio del cliente.
Villarejo no se esconde ante sus clientes, según las grabaciones del sumario Tándem que instruye la Audiencia Nacional: “Me dice Paco que no te fías de mi... Le digo tronco... vosotros sois ricos y nosotros no... nosotros no nos dedicamos a subvencionar a todos los que tiene problemas, la provisión de fondos es fundamental porque que te crees que el de Hacienda nos lo da gratis, los rastreos que estamos haciendo de tráfico de llamadas y las cosas delicadas tío... la gente se la juega y a cambio hay que untarlos, el de... la persona que estamos seduciendo para que nos cuente cosas ... todo eso vale pasta...“.
Desde la novena planta de Torre Picasso, base de operaciones del Grupo Cenyt, se controlaban negocios de Madrid, de España, de China o de Guinea Ecuatorial. Se organizaban espionajes a ciudadanos corrientes o cómo abrir causas judiciales contra quién se ponía en su camino —como este mismo diario y esta redactora— y para ello era imprescindible sobornar a otros colegas: de Hacienda, de los juzgados, policías…
Los servicios contratados y prestados
El último informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Diego de Egea, explica cómo operaba esta presunta organización criminal de funcionarios públicos y, en algunos de sus pasajes, produce escalofríos.
Taxativamente, los fiscales afirman que las grabaciones incautadas en los registros de las oficinas y viviendas del comisario ya jubilado José Manuel Villarejo —y que él mismo hacía a sus clientes, al igual que sus socios y su hijo— revelan que “los servicios contratados y prestados incluían el acceso ilegítimo a tráficos de llamadas telefónicas” y “el acceso a movimientos de las cuentas bancarias”.
En este caso la Fiscalía analiza el Proyecto Iron, un servicio prestado al despacho Herrero & Asociados que tuvo un problema de fuga de empleados. Estos crearon su propio bufete y se llevaron algunos clientes, por lo que se contrató a Villarejo para que se les investigara y se interpusiera una querella contra ellos en alguna dependencia policial donde tuviera mano —como así se hizo—.
Para lograr hasta el último detalle de “los investigados”, según los datos recabados en la investigación, “se prestó el servicio contratado contando de modo ilegítimo con información tributaria que habría sido facilitada por un inspector de Hacienda, aún no identificado en la investigación”.
Mejor tecnología que la Policía y opacidad en el pago
El Proyecto Iron, para Herrero & Asociados, necesitó de un gran despliegue de medios, según el documento "IRON: Preliminar (17.07.2013)" que contiene un "Anexo II: MEDIOS EMPLEADOS". El expediente da cuenta de los medios técnicos con los que se contó y revela, a criterio de la Fiscalía, “cómo se van a realizar injerencias ilegítimas en la esfera de los derechos fundamentales de las personas”.
Por ejemplo: equipos de captación activa de información, de intervención de las comunicaciones, de contramedidas de intervención de las comunicaciones, vehículos base para comunicaciones, coches y motos para vigilancia, equipos de captación de audio en ambientes hostiles…
La mejor tecnología, según destaca el escrito de los fiscales: “Villarejo también les comenta [a los clientes] que para mirar un poco los cruces de llamadas, que ellos tienen unos programas que se lo hace, Rafael le dice que el programa que tienen es uno al posterior ese que no sabía utilizar bien la Policía, hablan de los plazos y el tiempo que les llevaran... ".
La misma profesionalidad y discreción también la requería el comisario cuando prestaba estos servicios a Herrero & Asociados o a otras importantes empresas, puesto que estaba en activo en la Policía Nacional y el trabajo era completamente incompatible. Por eso deja recogido en el documento Iron que: “Dado el carácter confidencial del Proyecto, se aconseja el máximo de opacidad en el procedimiento de pago”.
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