La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la reapertura del caso de los trajes ha anulado el cerrojazo en falso con que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tendió no las tablas de la ley sino la tabla de salvación al presidente de la Generalitat. El archivo fue posible gracias al voto del presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, el juez más que amigo de Francisco Camps. En los meses precedentes, el tribunal que dirige De la Rúa ya había pergeñado un marco jurídico favorable al líder valenciano. Los pasos fueron estos.

1. Sólo los trajes. Admisión del caso

El 21 de abril de 2009, la Sala de lo Penal del TSJCV, ante quien el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, se había inhibido en lo relativo a Camps, se declaró de manera unánime competente para investigar. Pero sólo para investigar si Orange Market había regalado trajes al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP.

Garzón había alertado al TSJCV de que ya había indicios de financiación ilegal del PP, y reseñó datos concretos sobre el uso de dinero negro para pagar el congreso regional del partido celebrado en septiembre de 2002.

El tribunal valenciano hizo caso omiso y encorsetó la investigación: sólo indagaría si Francisco Camps había cometido cohecho impropio, la modalidad más leve del delito de soborno y castigada sólo con multa.

2. No se abstiene. Oídos sordos

Aquel primer auto del 21 de abril ya contó con el voto de Juan Luis de la Rúa. Los demás de la Sala, también. El juez a quien Camps había definido como más que amigo, el que en la campaña para las autonómicas de 2007 había sido el invitado estrella en la presentación del programa de justicia del PP, ni se planteó la opción de abstenerse. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE, personado en la causa como acusación popular, recusaron a De la Rúa: no se le recusó, razonan personas cercanas al caso, podía imaginar que De la Rúa utilizaría su posición para sobreseer la imputación contra Camps el primer día de agosto de 2009.

3. El parapeto. Ni un recurso aceptado

A medida que la investigación del caso Gürtel avanzaba en Madrid y trascendían nuevos datos sobre la contabilidad secreta de Orange Market, la marca levantina de la red corrupta, la fiscalía y el PSOE redoblaron su presión sobre el TSJCV.

Pretendían que el tribunal escrutara los contratos de Orange Market (14 millones de euros). Bajo la presidencia de De la Rúa, la Sala de lo Penal rechazó todos los recursos. El cénit llegó el 21 de julio de 2009, cuando el TSJCV dictó un auto en el que acusaba al PSOE de promover un proceso inquisitorial contra el PP: 'Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería'. El ponente fue Juan Montero, quien luego se opuso al sobreseimiento del caso.

4. ¿Policía para qué? El informe despreciado

El 31 de julio, cuando el TSJCV aún no había archivado el caso, la policía remitió al tribunal valenciano un informe que afianzaba las sospechas de financiación ilegal del PP al detallar los presuntos pagos opacos y cómo empresas que tradicionalmente habían recibido adjudicaciones de la Generalitat habían abonado supuestamente gastos del partido.

El TSJCV despreció el informe y ni siquiera lo tuvo en cuenta para archivar el caso. Despreció igualmente la petición del juez madrileño Antonio Pedreira para que imputase a tres jefes de la trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. Con cajas destempladas, el tribunal de De la Rúa denegó la petición. Y devolvió el informe alegando que nadie lo había solicitado.

5. Cerrojazo al caso. Varapalo del Supremo

El 1 de agosto, el TSJCV exoneró a Camps con un sobreseimiento definitivo que ahora le ha costado una ácida desautorización del Tribunal Supremo. Cuando el TSJCV dictó el auto, el mandato de De la Rúa ya había expirado. El juez no opta a la reelección.