Engastado en los Reales Alcázares y a veinte metros de la Giralda, el Patio de Banderas ha resucitado una vieja guerra entre el ayuntamiento hispalense, gobernado por PSOE e IU, y lo que se conoce como la Sevilla profunda. Gobernado por PSOE e IU, el consistorio pretende incorporar la plaza y sus alrededores al recinto del Alcázar medieval. Pero el proyecto ya ha dado de bruces con la resistencia de los vecinos, que se niegan a desalojar sus viviendas de lujo, propiedad de Patrimonio del Estado y arrendadas a bajo precio por  Alfonso XIII y Franco.  
La mayoría de los inquilinos pertenece a la élite social sevillana. Entre ellos, el presidente de honor de Vocento, Guillermo Luca de Tena; el ex consejero socialista de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner; Josefa Ibarra, descendendiente del prócer local Tomás de Ibarra, que ocupa un palacete de 20 metros de fachada, los Bravo-Ferrer y la familia Iturri, propietaria del grupo industrial homónimo y emparentada con el Generalísimo.
Ibarra no quiso ayer desvelar cuánto paga al mes. Y en el teléfono de Luca de Tena, la mujer que atendió la llamada dijo primero que don Guillermo no estaba para luego, una vez se identificó la periodista, afirmar que no vive allí. Otra vecina, Consuelo Fernández-Palacios Fernández-Bobadilla, cifró en “unas 15.000 pesetas” (90 euros) la renta mensual.
28 millones de IBI al año
Bajo el argumento de que “la ley” lo prohíbe, Patrimonio del Estado se ha negado a atender las peticiones de este periódico para conocer la relación pormenorizada de inquilinos y el importe de los alquileres. Pero, según datos oficiales, sólo el impuesto de bienes inmuebles (IBI) de las 19 casas del Patio de Banderas cuesta al Estado 28 millones de euros al año, lo que da una idea certera sobre el valor de los edificios.
En ese cómputo no figura la veintena larga de viviendas diseminadas por calles aledañas como Miguel de Mañara, Mariana de Pineda y Judería, todas ellas ubicadas en la exclusiva área de Santa Cruz e igualmente propiedad del Estado.
El Ayuntamiento de Sevillaya ha pedido formalmente a Patrimonio, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que le ceda la titularidad de las viviendas. Esa reivindicación había permanecido larvada desde que por primera vez la formuló el consistorio hispalense en 1933, tras el advenimiento de la República  y la cesión del Alcázar a la ciudad. Aquel intento de desamortización: el triunfo de las derechas en 1934, y el de Franco en 1936   –Sevilla fue tomada de inmediato– dieron al traste con el plan.
El Ministerio ni siquiera ha accedido a confirmar si la actualización anual de los alquileres se rige por el incremento del índice de precios al consumo (IPC) o si, por el contrario, se ha aplicado otro criterio desde 1994, hipótesis esta última que el ayuntamiento considera más que remota. Ese año, cuando el PSOE, entonces en la oposición local, destapó por primera vez el caso, los alquileres oscilaban entre las 20.000 pesetas mensuales que abonaba Luca de Tena por un apartamento en Miguel de Mañara y las 55.000 que abonaba Montaner por una casa de tres plantas.  En el Patio también vivió la ex alcaldesa de Sevilla Soledad Becerril (PP).

Si el Ayuntamiento logra  que Patrimonio ceda a la ciudad las viviendas anexas a los Reales Alcázares, “no renovará los contratos de alquiler” una vez expire su plazo. Lo avisa el concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo (PSOE), quien subraya que el Patio de Banderas pertenece al Alcázar, argumento central del ayuntamiento en su batalla por hacerse con la titularidad del recinto.
Aunque Carrillo eludió pronunciarse sobre la posición de Patrimonio del Estado, otras fuentes municipales se lanzaron en tromba: “Patrimonio está haciendo un papel feo en este asunto”. Las mismas fuentes aseguran que, cuando en 2005 el consistorio comenzó a plantear su reivindicación, la directora general de Patrimonio, Mercedes Díez Sánchez, “se sorprendió al saber quiénes viven allí”. En otras palabras, el Ministerio creía que, aun tratándose de una situación anacrónica, las viviendas estaban ocupadas por ciudadanos susceptibles de convertirse en inquilinos públicos en cualquier circunstancia.
Otorgados de manera discrecional, los contratos han ido prorrogándose de generación en generación o, en el caso de arrendamientos no vitalicios, ampliándose cada vez que expiraba el plazo.
Patrimonio, con cuya directora general se reunió el edil responsable del Alcázar el pasado martes, Antonio Rodríguez Galindo (PSOE), no ha comunicado siquiera al consistorio con qué criterio se actualizan los alquileres ni a cuánto asciende el IBI de todos los inmuebles.