BP paga la mayor indemnización de la historia por el vertido del Golfo de México; el Prestige, sin responsable

MADRID.- En España, quien contamina, no paga. Esa parece ser la conclusión a la que deben llegar los españoles tras ver como la petrolera BP llegaba a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para indemnizar a los afectados por su vertido de fuel de 2010, mientras la justicia española ha sido incapaz de señalar siquiera un responsable por la catástrofe medioambiental provocada por el hundimiento del Prestige frente a Galicia hace trece años.

La petrolera británica se comprometió este lunes al pago de 20.800 millones de dólares (18.571 millones de euros) para saldar las demandas civiles relacionadas con el desastre natural causado por el vertido causado por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en 2010. La cifra supone la mayor multa medioambiental de carácter civil en la historia, y la mayor indemnización que ha tenido que afrontar una sola empresa en EEUU. 

Mientras las autoridades estadounidenses se complacen por el pacto, en España el acuerdo echa sal sobre la herida abierta que aún perdura tras la mayor catástrofe medioambiental del país: las 77.000 toneladas de fuel que el Prestige vertió frente a la costa gallega en 2002. Trece años después, la única ayuda que han recibido los afectados fue la que proporcionó el propio Estado español. 

Tras un proceso judicial de once años, 270.000 folios de sumario y unas 400 horas de declaraciones, la Audiencia Provincial de Coruña absolvió a los acusados del caso, evitando que el Estado pudiera reclamar a alguien la responsabilidad civil por los 4.328 millones de euros en pérdidas que originó el vertido, según la Fiscalía. Pérdidas que fueron mucho mayores, tal y como reflejan algunos informes presentados ante los magistrados durante el proceso.

El PP echó la culpa al capitán del navío y al jefe de máquinas. Solo hubo un cargo público encausado, el exdirector de Marina Mercante López Sors

"El proceso judicial fue un auténtico despropósito", denuncia Antón Sánchez, diputado de Anova en el parlamento gallego. "Fue una actuación negligente del PP al frente del Gobierno, de traición al país. Como siempre acaba pasando en estos casos, se termina arrojando sobre un chivo expiatorio toda la responsabilidad que en realidad es múltiple", señala en una conversación con este medio. El PP echó la culpa al capitán del navío, el griego Apostolos Mangouras, al jefe de máquinas, su compatriota Nikolaos Argyropoulos. Solo hubo un cargo público encausado, el exdirector de Marina Mercante José Luis López Sors. 

Durante la crisis previa al hundimiento del petrolero, el Gobierno encabezado por el entonces presidente José María Aznar decidió alejar el buque de la costa, desoyendo los avisos de los expertos y del propio capitán, que aconsejaban resguardarlo en un puerto seguro. El Prestige terminó quebrándose a 250 km de la costa. 

"Tenemos un ordenamiento jurídico tremendamente garantista, pero en el momento en el que hay que imputar a alguien de la administración, es casi imposible", explica en este caso Francisco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en acción. "Queda claro que nuestra justicia es ineficiente a la hora de asignar responsabilidades", dice apuntando a otros casos como el del hotel de El Algarrobico. 

El desastre dejó notas que apuntarían la capacidad de gestión y comunicación de políticos como Mariano Rajoy, entonces Portavoz del Gobierno. 

En concreto, según el acuerdo alcanzado, BP deberá pagar 5.500 millones de dólares (4.910 millones de euros) de multa, que en un 80% se destinará a la restauración de la región afectada por el desastre de la plataforma Deepwater Horizon.

Asimismo, la petrolera británica pagará 8.100 millones de dólares (7.232 millones de euros) en concepto de daños en recursos naturales y hasta 700 millones de dólares adicionales (625 millones de euros) para afrontar cualquier condición en los resursos naturales desconocida en el momento de suscribir el acuerdo y que fuera detectada posteriormente.

Además, BP pagará 600 millones de dólares (536 millones de euros) para hacer frente a otras reclamaciones, mientras que destinará 4.900 millones de dólares (4.375 millones de euros) a los cinco estados del Golfo y hasta 1.000 millones de dólares (893 millones de euros) a saldar las reclamaciones de los gobiernos locales.