ZARAGOZA.- Cada vecino de Zaragoza soporta una deuda municipal per cápita de casi 1.400 euros: la auditoría de las cuentas del Ayuntamiento elaborada por la Intervención, y que este martes ha hecho pública el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), ha aflorado una deuda oculta de 109.506.401 euros, que se suma a los 814.410.229 millones oficiales.

De esa primera cantidad, 60,8 millones corresponden, principalmente, a obligaciones de pago sin consignación presupuestaria y revisiones de precios no ejecutadas. El grueso de esa cifra, 53 millones, se arrastran de año en año.

Entre los desfases aflorados destacan casi seis millones en recibos de la luz, casi ocho en alumbrado público y suministro de agua y 27 en débitos con distintas contratas: casi cinco en recogida de basuras, más de siete en limpieza de calles, una cifra similar en transportes y más de seis en zonas verdes.

Paralelamente, el Ayuntamiento tiene pendientes de pago 48,6 millones como consecuencia de sentencias condenatorias firmes (la mayoría de juzgados de lo Contencioso), y espera otros 80 para el año que viene. Prácticamente la mitad de esas cifras corresponde a intereses de demora por el impago de las cantidades que les los acreedores reclamaban en el juzgado.

“Se ha estado utilizando a los servicios jurídicos como una forma de financiación, recurriendo para no pagar cantidades que de esta manera seguían creciendo”, señaló Fernando Rivarés, concejal de Economía. “Ser acreedor del Ayuntamiento de Zaragoza es un chollo”, apostilló la directora general de esa área, Ana Sanromán.

“No podemos asumir esta deuda en un año ni en dos”

Rivarés se refirió a los problemas de financiación que generarán para el consistorio esa “política de patada para adelante para no pagar” y el uso habitual de “un presupuesto virtual con ingresos no realizables”, a la que se suman una deuda del Gobierno autonómico que el edil cifró en 56 millones, la obligación de cubrir 19 este año en intereses de la deuda oficial (además de amortizar 41) y otras situaciones como un agujero de 18 en la empresa pública Zaragoza Alta Velocidad.

“¿Qué vamos a hacer? Lo que no podemos es asumir esta deuda en un año ni en dos”, señaló Rivarés, cuyo equipo se enfrenta durante esta al dilema de “desactivar esta deuda oculta creciente” sin “agobiar a los ciudadanos” y sin que se vea afectado ningún servicio esencial. “Está claro que hay que incrementar los ingresos gravando las rentas más altas”, dijo, además de reducir los gastos en las empresas municipales. “La intención es pagarlo todo, pero no así. Así no se puede pagar”, añadió en referencia a los intereses que la banca aplica a los créditos contratados con el consistorio.

El equipo de gobierno, que el lunes puso en marcha la Oficina de Control Financiero, tiene previsto aplicar medidas como congelar el impuesto de Plusvalías, renegociar las contratas el coste de las contratas de servicios y las condiciones de los créditos y, también, revisar el callejero fiscal y aumentar la presión fiscal a las rentas altas.

La elevada presión fiscal por IBI e IAE en barrios obreros

En este sentido, llamó la atención sobre el hecho de que el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) sea más gravoso en algunas calles de barrios obreros, como la avenida de Madrid en Delicias o la de América en Torrero, que en zonas como Puerto Venecia, considerada la mayor superficie comercial de Europa.

Rivarés, por último, avanzó la intención de modificar la aplicación del IBI, cuyos recibos subirán en Zaragoza una media del 27% el año que viene si se aplican los criterios del Ministerio de Hacienda. “Los criterios de [el ministro, Cristóbal] Montoro son de boom cuando ya no lo hay”, dijo Rivarés, que destacó que las valoraciones en las que se basa ese impuesto crecerán hasta un 150% en calles de barrios populosos como Santa Orosia o hasta un 76% en Predicadores.

La iglesia se libra de pagar 2,8 millones y las fundaciones, 2,2 millones

El concejal criticó el sistema de exenciones que hace que este año las confesiones religiosas hayan eludido el pago de 2,8 millones por este tributo o que distintas fundaciones se hayan ahorrado 2,2 millones.

Por su parte, Javier Trívez, concejal del PSOE, partido que ha gobernado la ciudad bajo distintas fórmulas en las tres anteriores legislaturas, calificó de “insuficiente” la información en la que se basa la auditoría y anotó que “no hay ninguna situación de extrañeza” en el dictamen.