La querella presentada en España contra los asesores de Bush por diseñar el andamiaje jurídico que justificó los interrogatorios 'reforzados' que Estados Unidos practicó en distintos centros de detención, y especialmente en Guantánamo, no ha sido rechazada con la celeridad que propugnaba la Fiscalía. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco considera imprescindible saber si el país donde se produjeron las torturas ha abierto o va a abrir algún proceso para investigarlas, antes de decidir si admite o rechaza el escrito presentado por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España.

En un auto hecho público ayer, el magistrado ordena librar una comisión rogatoria (ayuda judicial internacional) a Estados Unidos 'a fin de que informen sobre si en la actualidad los hechos a los que se refiere la querella están siendo o no investigados o perseguidos ante sus autoridades, o si en su caso lo van a hacer'.

El juez también pregunta por el organismo concreto que está encargado del caso, o lo estará, para, en su caso, remitirle el escrito presentado en España y que sea investigado conjuntamente en esa causa.

Competencia de España

La resolución explica que los hechos denunciados por la asociación de presos serían competencia de la Audiencia Nacional tanto si se consideran crímenes de guerra -en el caso de que se entienda que se cometieron en un contexto armado-, como si son delitos de lesa humanidad, vinculados a las torturas a que fueron sometidos los detenidos.

En ambos casos serían delitos 'cometidos en el extranjero por extranjeros', por lo que, según Velasco, la justicia española sólo es competente 'con carácter subsidiario y condicionado' a que el país donde se perpetraron no los investigue. De ahí que considere imprescindible informarse de si en EEUU hay algún procedimiento abierto, o lo va a haber, para perseguir esos delitos.

El juez justifica su decisión en que el procedimiento está 'en una fase prematura' y en que cree 'más acorde a nuestro complejo sistema de persecución universal' el informarse de este extremo antes de tomar una decisión.

También se preguntó a Israel

El juez Fernando Andreu también trató de informarse de si Israel había investigado el ataque de julio de 2002 en Gaza, antes de admitir a trámite la querella presentada por supervivientes y familiares de víctimas contra el entonces ministro de Defensa israelí y otros responsables militares.

Ante la falta de respuesta, el juez acordó admitir la querella. En el auto del lunes, en el que rechazaba la petición fiscal de archivar la causa, el juez Fernando Andreu negaba que la jurisdicción universal fuera 'estrictamente subsidiaria', pero destacaba que los hechos nunca habían sido investigados por la justicia israelí.

El juez Baltasar Garzón tiene abierta otra investigación en relación con las torturas cometidas en Guantánamo nacida de la causa en la que investigó a ex presos de la base militar por terrorismo.