La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Baltasar Garzón (auto en PDF) que siga investigando el supuesto 'chivatazo' policial que alertó a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo en el bar Faisán, de Irún (Guipúzcoa), contra el aparato de extorsión de la banda terrorista y que practique varias de las diligencias solicitadas por las partes.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tomaron esta decisión después de estimar los recursos interpuestos por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por Dignidad y Justicia contra el rechazo de Garzón a practicar las nuevas diligencias que habían solicitado.

En concreto, Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones. Entre ellas destaca la negativa del magistrado a solicitar a la Dirección General de la Guardia Civil un informe alternativo al presentado por la Policía Nacional alegando que 'los funcionarios asignados a esta investigación ya han realizado una actuación exhaustiva difícilmente superable'.

Garzón rechazó un total de 32 diligencias de prueba solicitadas por las acusaciones

Ahora, los magistrados ordenan a Garzón tomar declaración a tres policías nacionales y que se analicen con más profundidad las conversaciones procedentes de la cabina desde la que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, realizó supuestamente las llamadas que rodearon el chivatazo, entre otras cuestiones.

'Estos hechos constituyen delito de revelación de secretos y de colaboración con banda armada, hechos que de ser realizados por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España', señala el auto dictado hoy.

El 'Caso Faisán' tiene su origen en una investigación dirigida por Garzón sobre el cobro por parte de ETA del conocido como 'impuesto revolucionario' y que tenía como centro el bar 'Faisán' de la localidad guipuzcoana de Irún. 

Tuvo como resultado el procesamiento de 24 personas, supuestamente relacionadas con el aparato de extorsión de ETA, a las que el juez acusó de los delitos de integración o colaboración en organización terroristas y amenazas.

El caso, en un principio circunscrito a la investigación judicial contra la banda terrorista y su entorno, alcanzó notoriedad pública al revelarse el supuesto chivatazo que recibió el 4 de mayo de 2006 el propietario del bar Faisán que le alertaba de una redada.