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La Audiencia Nacional da 24 horas a Interior para que explique la repatriación colectiva de menores en Ceuta

La Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncia a raíz del recurso interpuesto por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Más de 25 ONG solicitan a Pedro Sánchez la suspensión inmediata de las repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Varios agentes acompañan a menores no acompañados hacia una furgoneta en Ceuta
Varios agentes acompañan a menores no acompañados hacia una furgoneta en Ceuta. Reduan / Europa Press

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio del Interior que remita en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación colectiva de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos. Mientras tanto, más de 25 ONG han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suspensión inmediata de las repatriaciones de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Los magistrados han emitido el oficio en el marco del procedimiento impulsado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, que este lunes interpuso recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, según ha adelantado El Confidencial y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las mismas fuentes han precisado que Interior tiene hasta este miércoles para informar sobre el escrito, con fecha del 10 de agosto, por el que se llama a "ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007".

Oficio "sin firma"

El oficio en cuestión no convenció a la Fiscalía de Ceuta, que el domingo avaló la suspensión de las repatriaciones y que —según informó la Cadena Ser— subrayó que en la operación desarrollada por Interior "sólo consta como fundamentación jurídica de la misma un oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad, sin firma".

En un comunicado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado aseguraba que la actuación del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska no ha seguido los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España.

La entidad explicaba que presentó el recurso con la intención de que se dé por anulada la instrucción emitida por Interior por la que se ha impulsado la deportación de los menores migrantes residentes en Ceuta desde la crisis migratoria del pasado mayo.

En base a este incumplimiento, la entidad pidió a la Sala que esas instrucciones sean calificadas como "declaración contraria a derecho" lo que, de sustanciarse, supondrá la nulidad de la ejecución de esta instrucción y cuantas se hayan dado dependiendo de ellas.

Paralización de las repatriaciones

Las 24 horas que la Audiencia Nacional ha dado al Ministerio de Interior se enmarcan dentro del plazo de 72 horas por el que este lunes la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha paralizado el operativo de repatriación.

La Administración General del Estado y la Ciudad Autónoma dispondrán de tres días para aportar documentación que valide la forma en la que se están ejecutando esos traslados y si esta se acomoda o no a la legislación española.

Por su parte, más de 25 ONG han exigido por carta a Pedro Sánchez la suspensión inmediata de las repatriaciones de menores no acompañados, "profundamente preocupadas por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada". Asimismo, remarcan la gravedad de la ausencia de expedientes de los menores ya repatriados.

"El retorno al país de origen sólo es una solución duradera aceptable cuando se cumplen tres requisitos", recuerdan, y enumeran:  "Que se realice en el interés superior del niño, que se pueda asegurar el bienestar y la seguridad del menor en su país de origen y que se respeten las garantías que tanto la Ley de Extranjería y su Reglamento, así como la Ley de Protección Jurídica del Menor requieren".

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