Las condenadas a tres años de cárcel por echar pintura a una piscina, piden su indulto

Ocurrió el 8 de febrero de 2010, A.O. y T.V. participaron en una protesta durante una jornada de huelga por la mejora del convenio colectivo de su sector. Son profesoras de gimnasia y trabajan para la empresa Serviocio en Pontevedra, que gestiona piscinas municipales. Ahora, cuatro años después, una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra las condena a tres años y un día de prisión más casi 1.200 euros de multa por participar en un piquete en el que alguien echó pintura al agua y las gradas de la piscina de la localidad de Pontemuíños -que gestiona otra empresa- y empujó al gerente.

Inicialmente, al reconocer éstas que estaban presentes en la protesta junto a otras 60 personas -no así que fueran ellas quienes mancharan el agua ni empujaran al jefe-, un juzgado de lo penal las condenó a seis meses de cárcel y a varias multas por los desperfectos ocasionados. Sin embargo decidieron recurrir la sentencia pidiendo la absolución, algo que también hizo la Fiscalía de Pontevedra, pero solicitando la pena máxima en virtud del artículo 315.3 del Código Penal, es decir, un delito contra el derecho de los trabajadores, por coacciones durante una huelga.

Presentarán 92.000 firmas para que les concedan el indulto

Desde que el pasado 1 de mayo se conociera la noticia, han recibido el apoyo tanto de los sindicatos, que han convocado concentraciones en Galicia para que sean indultadas; como del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández, del BNG; e incluso del presidente del PP de Pontevedra y de la Diputación, Rafael Louzán, que apoyó una moción de la diputación junto al PSdeG y al BNG solicitando su indulto. "Los hechos son clarísimamente de menor cuantía", afirmó Louzán sobre la condena, algo que también opinan otras 72.000 personas, que a través de Change.org han firmado la petición indulto para estas dos trabajadoras, junto a otras 20.000 recogidas en varias ciudades gallegas. Incluso la empresa para la que aún continúan trabajado apoya el indulto, ya que "tienen un reconocimiento profesional alto por nuestra parte, de sus compañeros y de los clientes/usuarios que reciben clases de ellas", ha explicado Servicio a este diario. Dar a luz en la cárcel

Ambas presentarán formalmente su solicitud de indulto este miércoles en el Ministerio de Justicia, en Madrid, ya que no tienen posibilidad de presentar más recursos. Si la pena parece desproporcionada, teniendo en cuenta que la empresa afectada nunca cursó denuncia ni el incidente adquirió mayor relevancia, hay que añadirle que T., de 29 años, está embarazada de cuatro meses. El viernes recibió la ejecutoria de la sentencia, de inminente aplicación, por lo que podría dar a luz en prisión.

La Audiencia Provincial entendió "la violencia física empleada por las acusadas -empujón al gerente de las instalaciones para que el grupo del cual formaban parte entrase en la zona de la piscina-, la fuerza en las cosas mediante el lanzamiento de pintura de color rojo y de jabón líquido en las gradas y el agua" suponen una "intimidación grave" hacia el resto de trabajadores que no se adhirieron a la huelga.

Este caso es uno de los muchos similares que hay diseminados por el resto del país. Los sindicatos denuncian una "persecución" contra los piquetes y los trabajadores que ejercen un derecho fundamental como es el de la huelga, que pretende intimidar con penas de prisión para desactivar la protesta. Incluso los expertos han advertido de un abuso de la Fiscalía en la utilización de la vía penal para casos que podrían resolverse con simples sanciones administrativas o trabajos a la comunidad.

Ambas empleadas, que siguen acudiendo cada día a su puesto de trabajo, ya han pagado las multas como "signo de buena voluntad". Sólo les queda esperar a que el Gobierno les conceda la medida de gracia, como a algún banquero o a algún conductor kamikace.