El abogado de una de las acusaciones socialistas en el caso Gürtel ha estimado que existen pruebas para condenar a los acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, y ha considerado que han sido un "auténtico cáncer para el Estado y sus instituciones" durante el juicio a los negocios de la primera época de la trama (1999-2005).

La Audiencia Nacional ha finalizado este jueves los informes de las acusaciones, entre ellas la ejercida por un grupo de concejales socialistas del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) que se personaron en la causa en 2009.

Su abogado, Wilfredo Jurado, ha destacado que los acusados cometieron delitos muy graves y "marcaron una etapa oscura en las instituciones y una forma de hacer política" utilizando administraciones públicas gobernadas por el PP para asegurar adjudicaciones de contratos a empresas del grupo del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de comisiones.

"Fueron un auténtico cáncer para el Estado y sus instituciones y se vieron afectados sobre todo la Comunidad madrileña y los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, así como el de Estepona (Málaga)", ha recalcado el letrado, que ha añadido que el PP se vio beneficiado con fondos de la trama con los que se pagaron gastos como los de campañas electorales.

El letrado ha comentado que se ha demostrado que todos los acusados "participaban en la fiesta con distintos roles y construyeron un auténtico monopolio" de la corrupción "cuyo caso más paradigmático fue la Comunidad de Madrid".

Al respecto ha indicado que en la Comunidad madrileña el acusado Alberto López Viejo, que fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes, "era un poder omnímodo respecto a todas las consejerías y controlaba todos los actos de la entonces presidenta, Esperanza Aguirre", a través de empresas de Correa y de "sociedades pantalla".

El letrado de esta acusación ha estimado que respecto al acusado José Luis Peñas, exconcejal de Majadahonda, la Sala debería tener en cuenta que sin las grabaciones de conversaciones telefónicas que aportó quizá no se habría podido descubrir nada de esta trama.

'Pistolas humeantes' como pruebas

Por su parte el abogado de la acusación ejercida por el PSOE de Valencia, Virgilio Latorre, ha dicho que los acusados dejaron pruebas como "pistolas humeantes".

También ha informado este jueves José Mariano Benítez de Lugo, letrado de la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), cuya petición provocó la declaración en el juicio como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha señalado que integrantes de "la plana mayor del PP -en referencia a diferentes cargos del partido que testificaron en el juicio- dijeron con sospechosa uniformidad que no conocían aspectos contables del partido ni sabían nada de la contabilidad del PP".

"Sus testimonios hay que ubicarlos en el cubo de la basura y además alguno se puede ver acusado de falso testimonio", ha apuntado.

El acercamiento al PP de Bárcenas

Benítez de Lugo ha rebatido el testimonio de defensa de Bárcenas y ha recordado que cuando se descubrieron sus "papeles" primero negó su autenticidad y después de su ingreso en prisión la reconoció y "dijo que las siglas M.R. querían decir Mariano Rajoy".

El letrado ha indicado que Bárcenas ha terminado señalando que dichos papeles "no era la Caja B del PP sino una contabilidad extracontable" y en el juicio ha adoptado "una postura de acercamiento al PP bajando el diapasón de sus acusaciones".

Sentencia "ejemplarizante"

El Ayuntamiento de Madrid ha pedido una "sentencia ejemplarizante por el daño causado a los ciudadanos por los acusados".

El letrado de esta acusación ha concretado el perjuicio causado al Ayuntamiento de Madrid por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos a empresas de la trama en más de 1.230.000 euros en el caso de Correa y en 682.000 euros en el de López Viejo, que fue concejal de Limpieza antes de ir a la Comunidad.

Por su parte los abogados de los ayuntamientos de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón se han adherido al informe de la Fiscalía al estimar acreditados los "importantes perjuicios" que los acusados causaron.

Las fiscales piden 50 años de prisión para el exalcalde Majadahonda Guillermo Ortega y 15 años para el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra de Sanidad Ana Mato, a la que considera partícipe a título lucrativo al igual que al PP.

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