Después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella contra Baltasar Garzón, interpuesta por el abogado de uno de los imputados en la trama Gürtel, la Fiscalía ha decidido recurrir al entender que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos 'clave' en la investigación. 

El fiscal del Tribunal ha interpuesto un recurso de súplica ante la Sala Segunda del Supremo defendiendo la legalidad de la intervención de las conversaciones en prisión por parte del juez que afectaban a varios de los imputados y a sus abogados. Por ello, el fiscal solicita que se revoque la admisión de la querella del abogado Peláez, defensor del imputado José Luis Ulibarri. 

Según el Ministerio Público, dicha querella contiene 'incorrecciones', como pedir la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con la intervención de comunicaciones, cuando no se ha alegado nada contra la intervención de las comunicaciones mantenidas por los imputados con personas distintas de sus letrados, algo que para el fiscal es 'sorprendente'.

El fiscal ve 'incorrecciones' en la querella contra el magistrado

Considera el fiscal que la intervención de las comunicaciones sirvió para descubrir que los implicados preparaban reuniones y operaciones para ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero. De modo que su actuación fue 'una medida objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos', porque iba encaminada a investigar el delito.

El fiscal respalda su argumento aportando unos documentos del sumario del caso Gürtel y citando algunas de las conversaciones grabadas que resultaron relevantes para la investigación, en las que Correa y Crespo hablaban de varias reuniones que tenían pendientes.  

Asimismo, el fiscal insiste en que las intervenciones también pusieron de manifiesto los indicios de participación en los hechos de distintos despachos profesionales de abogados. 'Nada que ver, como se alega, con el deseo de descubrir las estrategias de defensa de los imputados, sino con la obligación de investigar y perseguir nuevos actos' delictivos fuera de la jurisdicción española y evitar que los imputados pudieran cometer varios delitos, argumenta el fiscal.

Por último, recuerda que el propio Garzón en el auto que autorizó las grabaciones agregaba que esa intervención se haría preservando el derecho de defensa y que la Fiscalía también ha pedido la supresión de la transcripción de las conversaciones en los casos en los que no su contenido no afecte a la instrucción.

Aunque, recuerda, 'es el juez el que debe deslindar qué es lo que interesa y lo que debe devolverse al afectado'.