El problema de la vivienda ha movilizado a las Administraciones públicas, que pretenden encontrar soluciones para facilitar el acceso el acceso de los ciudadanos a un bien indispensable, en un mercado tradicionalmente desequilibrado. Una de las grandes paradojas es que, a pesar de las necesidades, en España hay un número muy elevado de pisos vacíos.

Aunque no hay cifras oficiales recientes (las últimas facilitadas por el INE corresponden a 2001) se puede hacer una estimación sobre el total de pisos vacíos basada en la evolución del parque de viviendas. A finales de 2007, en España había 25,5 millones de viviendas. Si se mantiene la proporción de pisos desocupados de la estadística de 2001 (un 14,8%), se puede calcular que en la actualidad existen aproximadamente 3,8 millones de viviendas vacías.

Frente a esa cifra, los expertos consideran que la demanda actual de pisos es de 350.000 anuales, lo cual significa que hay diez viviendas desocupadas por cada una que se necesita.

Ante esta realidad, algunos ayuntamientos y comunidades autónomas ha empezado a tomar medidas para forzar a los propietarios a sacar los pisos al mercado. Uno de los casos más representativos es el de Sevilla. Un millar de dueños de pisos de la capital andaluza desfilado ya ante los inspectores de Hacienda del Ayuntamiento para dilucidar si sus viviendas están vacías, y, si es así, cobrarles un recargo del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los ejercicios 2004 a 2007. Son los mil contribuyentes con el valor catastral más alto de una lista elaborada por los técnicos municipales tras cruzar sus datos del IBI con los del padrón.

'Es una decisión política de este Ayuntamiento, que es de izquierdas', asegura a Público Manuel Enrique Llorente, director general de Hacienda de la corporación local. Una decisión que reportará medio millón de euros extra a las arcas del Ayuntamiento hispalense.

La medida que aplica ahora la coalición PSOE-IU que gobierna la capital andaluza surgió de la modificación de la Ley de Haciendas Locales de 1988 llevada a cabo por el Gobierno Aznar en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2002. En ella se permitía gravar los pisos vacíos, pero se decía también que se haría según una ley que se desarrollaría reglamentariamente. Y ahí es donde está la polémica. Para unos, eso significa que le corresponde al Estado desarrollar el reglamento. Para otros, entre ellos el gobierno municipal de Sevilla, una ordenanza municipal sirve como reglamento.

En 2003 se publicó ya la primera ordenanza fiscal regulando el recargo en Sevilla, y se ha seguido incluyendo en los ejercicios sucesivos. ' Y que sepamos' dice Pérez Royo, 'nadie ha impugnado las ordenanzas ante el Contencioso Administrativo'.

Desde la primera ordenanza aprobada, se afirma que son los titulares de los inmuebles los que están obligados a 'comunicar al Ayuntamiento esa situación' de piso vacío. Es esta disposición la que ha servido de base a la Hacienda municipal para abrir ahora ese millar de expedientes.

La medida de recargar el IBI de las viviendas no ocupadas genera una fuerte polémica jurídica. 'El Ayuntamiento entiende que con la legislación actual está plenamente habilitado para determinar si un piso esta vacío', afirma Llorente, pero su propio jefe de Inspección, el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, reconoce que está en discusión 'si le corresponde a las administraciones locales o al Estado reglamentar lo que se entiende por vivienda vacía'.

Ésa es la clave que está parando otras iniciativas. Otro obstáculo es la indeterminación para definir qué es una vivienda vacía de forma homogénea en todo el territorio, explican fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Cáceres es la única capital que cobra el recargo desde 2004. El alcalde de Madrid lo retiró ante la oposición que provocó.

En enero de 2007, el Parlamento vasco aprobó una propuesta instando al Gobierno vasco y a las diputaciones forales a penalizar los pisos vacíos con un recargo en su IBI.

También el Parlamento de Catalunya aprobó una Ley de Vivienda que permite expropiar pisos en las grandes ciudades que lleven mucho tiempo vacíos. A partir de ahí, ambos gobiernos, empezaron a jugar con la idea de cobrar un canon fijo por piso vacío. Pero al final, ante las dudas jurídicas, sus iniciativas de penalizar los pisos vacíos están paradas.

En este debate, el Ministerio de Vivienda no se plantea una medida similar a la expropiación forzosa de pisos. Fuentes del Ministerio dicen que la política se centra en reforzar los incentivos para que los dueños de pisos vacíos los pongan en alquiler. Ya aprobó en enero ampliar las condiciones de la ayuda de 6.000 euros, además de medidas fiscales. Ahora, prepara una reforma legal para agilizar los desahucios.