Se le puso en duda cuando el consejero madrileño de Sanidad en 2005, Manuel Lamela, decidió retirarlo de su puesto al frente de las Urgencias en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Y tres años después, el PP insiste en que las sedaciones del equipo de Luis Montes podrían haber matado a enfermos terminales, tal y como se denunció en su día anónimamente.

Todo ello, pese a que el lunes la Audiencia Provincial de Madrid determinara que los doctores ni siquiera practicaron mal la medicina. Y pese a que ya en junio pasado un juzgado de Leganés archivó la causa porque no halló ninguna responsabilidad penal.

El relevo de Lamela al frente de la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, sembró ayer de nuevo la duda: 'El hecho de que no haya podido probarse [la relación entre la aplicación de sedantes y las muertes ni se hayan encontrado responsabilidades penales] es evidente que no excluye el que hubiera prácticas que no debían haberse llevado a cabo en las Urgencias de Leganés'.

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está actitud del PP muestra a una 'derecha cada vez más reaccionaria'. Zapatero mostró ayer su apoyo a los que 'hacen que la vida sea digna hasta el último momento'.

Difundir un infundio

Los miembros del Gobierno madrileño, con Esperanza Aguirre a la cabeza, parecen olvidar, sin embargo, que las personas son inocentes si no se demuestra lo contrario. La presidenta olvida también la promesa de que si los acusados eran inocentes se les devolvería a sus puestos: esto no ha ocurrido ni está previsto que así sea, según las afirmaciones de los altos cargos de la Comunidad.

Sanidad llevó hasta sus últimas consecuencias en 2005 la denuncia anónima contra los médicos, sin esperar a probar si era cierta. 'La Consejería actuó mal, difundió entre la opinión pública el infundio de que los médicos habían provocado hasta 400 muertes', explica el abogado de los médicos, Rafael Burgos. Por ello ya han formulado una acción de responsabilidad civil contra Sanidad.

'Ni Franco hizo como el PP'

El Gobierno del PP reitera una y otra vez que la Comunidad en ningún momento formó parte del proceso judicial. La presidenta Aguirre dijo ayer tras un acto público en Vigo que su Gobierno se había limitado a 'dar cauces' a las denuncias de particulares y pacientes en el caso.
Pero fue la Consejería de Sanidad la que remitió a la Fiscalía 25 expedientes en los que aseguraba que se habían producido sedaciones irregulares. En este sentido, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, afirmó ayer que 'ni Franco se atrevió' a intervenir entre médico y paciente como el PP. Aguirre replicó a estas palabras de Soria calificándolas de 'disparates'.

Aguirre disculpó además el silencio de Manuel Lamela, protagonista de la polémica ya que era el consejero de Sanidad cuando se cesó a Montes. 'Poco tiene que decir', afirmó Aguirre.

Los médicos se sienten víctimas. Estudian presentar una posible acción administrativa contra Aguirre por 'cómo intervino en la propagación de la denuncia'. También estudian actuaciones 'contra algún periódico que desde sus páginas ha dado por hecho las noticias que filtraba la Comunidad'.