La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pretende hacer todo lo posible para oponerse al Gobierno con la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). La consejera de Educación, Lucía Figar, declaró ayer que espera una “avalancha” de objeciones tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que permite a unos padres de Huelva sacar a su hijo de clase cuando se imparta la materia.

El ponente del fallo al que se agarra el PP, Enrique Gabaldón, copió los argumentos de su padre, José Gabaldón, presidente de honor del Foro de la Familia, principal promotor de la campaña de objeción.
Pese a que la sentencia no es extensible a todos los estudiantes, Madrid no acatará la obligatoriedad de la materia, no evaluará a sus alumnos, dará órdenes a los centros para que atiendan a los objetores y les facilitará los trámites. Todo el plan fue anunciado ayer por Figar, a tres días de las elecciones y supeditado a que el Supremo convalide la sentencia del TSJA. El Ministerio de Educación acusó ayer a Aguirre de irresponsable.
El pasado mes de septiembre, la presidenta llegó a manifestar que la asignatura “nunca se impartiría en Madrid porque el PP ganaría las elecciones”. Después, menos crecida, matizó que se enseñaría “lo mínimo”. Ahora, fomenta la insumisión a una ley estatal.

Contradicción en el PP

La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, aseguró ayer que sí impartirá la materia el próximo año, aunque festejó el fallo andaluz. “Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho”, dijo el portavoz del ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago Juárez. La reacción contrasta con la del gobierno de Aguirre, que ve la decisión andaluza como la sentencia definitiva a pesar de los fallos contrarios en Asturias y Catalunya y los recursos anunciados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía del TSJA en el Supremo. La Abogacía del Estado también estudia recurrir la sentencia del TSJA.

Ayudas a los padres

Los responsables de Educación en Madrid aseguran que se han presentado 1.113 solicitudes de objeción a pesar de que la asignatura no se impartirá hasta el curso próximo. Para atender a los padres que se opongan a que sus hijos cursen la materia, habilitarán una entrada en el registro de la Secretaría General Técnica. El Foro de la Familia también ha creado una web para asesorar a los padres, como los de José Joaquín, que acudieron a uno de los abogados del Foro, Abel Martínez. “Los argumentos de la sentencia son asimilables por cualquier ciudadano libre”, dijo el letrado.

“Llevo dos días sin poder hacer nada y esta tarde (por ayer) vamos a concentrarnos en Sevilla”, contó a Público la madre del niño, María Dolores.