"Estamos contentas porque no vamos a la cárcel de momento, pero eso no quiere decir que en dos meses entremos. Es simplemente posponer el problema", dice desde el otro lado del teléfono la voz de T.V. Esta pontevedresa de 29 años y embaraza de cinco meses recibió ayer la paralización de la ejecución de la sentencia que la condenada -junto a su compañera de trabajo A.O.- a tres años de cárcel.

"Es angustioso. No nos esperábamos para nada que nos fuera a suceder esto. Creíamos que se iba a quedar en una multa porque era una tontería, pero la tontería se complicó y ahora estamos condenadas", afirma esa voz cansada. Su delito, se queja, fue "sólo estar presente en una concentración". Fue en febrero de 2010, cuando participaron en una protesta en las piscinas de Ponte Muíños (Pontevedra) en el contexto de una huelga para mejorar su convenio colectivo, ya que son profesoras de natación y trabajan en el sector.

"Una tontería se complicó y ahora estamos condenadas"

En primera instancia las condenaron a una multa, pero la Fiscalía recurrió la sentencia al acusarlas de un delito contra los derechos de los trabajadores. Según su acusación, participaron en una protesta en la que se forcejeó con el gerente de la piscina y se vertió agua en ella, impidiendo que se pudiera trabajar. "Ni empujamos al gerente ni tiramos pintura a la piscina. Nos acusan de coacciones sólo por haber estado allí. Siempre reconocimos que estuvimos presentes, pero nada más", lamenta.

Como ellas dos, los sindicatos denuncian decenas de casos en todo el país, más de 120 años de prisión solicitados por la Fiscalía, en lo que consideran una "persecución penal contra el derecho de huelga", aunque de eso, T.V. prefiere no hablar. "Cada caso, aunque sean parecidos, es diferente. Ahora tenemos que hacer todo lo posible para no entrar en la cárcel. Creemos que es algo desproporcionado. Es algo que desconocíamos totalmente y que la mitad de los españoles tampoco sabe: que sólo por estar ahí y que alguien haga algo se puede ir a prisión", afirma.

No deja de pensar que está pagando las consecuencias por algo que cometió otra persona. "Si no se hubieran tirado los botes [de pintura], no habría habido ninguna denuncia ni estaríamos en esta situación", se queja, pero también es consciente de que "tres años de cárcel por echar pintura es algo totalmente desproporcionado. No somos especiales ni somos ningunas vándalas, eso que queda claro, que esto le puede pasar a cualquiera".

"Psicológicamente es muy cansado, intentas hacer tu vida pero siempre hay algo que te recuerda la sentencia"

No es fácil hacer planes, desarrollar tu proyecto de vida cuando sobre tu cabeza cuelgan tres años de privación de libertad, y llevan varios meses en esta situación. "Es una angustia constante. Psicológicamente es muy cansado, y aunque intentas ser fuerte y hacer tu vida diaria, siempre hay algo que te recuerda la sentencia".

Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO aseguraba a Público que "la vía penal atemoriza mucho, por eso se está utilizando de forma generalizada", y el caso de estas trabajadoras no es una excepción. "A lo mejor ahora me lo pensaría", afirma con una ligera risa que rápido se apaga. "Si la ley sigue así, en vez de salir a protestar, me quedo en casa", reconoce.

Pero no es ése el tema que ocupa todos sus pensamientos. Sólo un indulto podría evitarle la cárcel por un hecho tan "insignificante", sea ella o no la autora. "El indulto no atiende a razones, estás a la expectativa de lo que pueda suceder", afirma. El suyo está en juego y no quiere valorar los últimos que ha concedido el Gobierno, entre ellos a un agente de la Guardia Civil que se burló mientras grababa cómo un amigo agredía sexualmente a una viajera de tren. "Las personas a las que se lo han dado han tenido mucha suerte y esperamos tener la misma suerte que ellos", zanja el tema.

"No somos ningunas vándalas, esto le puede pasar a cualquiera" Lo que sí quiere poner en valor es "la solidaridad a cambio de nada" que ha encontrado desde que se conoció este caso. "No nos imaginamos que íbamos a tener tantos apoyos. Es lo que nos hace tirar para adelante. Ves que no estás solo en esta lucha, que la gente está contigo y que tu lucha es una causa justa, que no es una tontería", sostiene. Más de 90.000 personas han prestado su firma en apoyo al indulto para estas dos trabajadoras. La Diputación Provincial e, incluso, el Parlamento Gallego por unanimidad han aprobado mociones de apoyo para ellas. "Hay gente que te para por la calle para darte ánimo y ni si quiera la conoces, es hasta abrumador, te llega muy hondo porque eso es de agradecer".

Incluso la empresa en la que trabajan, Serviocio, ha defendido la profesionalidad de estas dos mujeres y, según explica T., que está de baja por el embarazo, "la propia empresa nos mandó una carta diciéndonos que, si teníamos que ir a la cárcel, nos daría una excedencia y conservaríamos nuestro puesto".