El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes que expropiar la mezquita de Córdoba a la Iglesia sería un 'despropósito económico y jurídico' porque la legislación exige, entre otros requisitos, que haya peligro de destrucción o deterioro del templo. Gallardón ha respondido de esta manera en el Senado al parlamentario de IU José Manuel Mariscal, quien le ha pedido que acabe con los 'privilegios medievales' de la Iglesia en la inscripción de bienes inmuebles, y en concreto, se ha referido a la situación del monumento cordobés.

Ha recordado que la Constitución española exige una indemnización en estos casos, tras lo que ha preguntado al senador: '¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted que le demos a la Iglesia católica esas cantidades ingentes de dinero, cuando con 8 euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita?'.

El titular de Justicia ha recalcado que la ley de Patrimonio Histórico Artístico establece que para poder llevar a cabo una expropiación, el inmueble debe correr peligro de destrucción o deterioro o que haya usos incompatibles, lo que no ocurre en el caso de la Mezquita, ha dicho. Gallardón ha recriminado a Mariscal que en su pregunta sostenga 'de forma errónea' que es posible revocar el título de propiedad de la Mezquita (que la Iglesia inscribió en el registro en marzo de 2006) a los diez primeros años de la inmatriculación del bien. 'No es eso lo que dice la Ley Hipotecaria, lo que dice es que hay un plazo de dos años', ha afirmado el ministro para después recordar al senador que en 2006 gobernaban 'sus socios de Gobierno (en Andalucía), el PSOE', que no hizo nada ni en 2007 ni en 2008; 'y nadie objetó la inmatriculación', ha añadido.

Asimismo, el ministro ha acusado al senador de tener 'una enorme confusión jurídica', ya que mezcla la inscripción del dominio con el título de propiedad, y, según ha dicho Gallardón, en el derecho español la primera 'no es constitutiva de la propiedad, ni lo ha sido nunca'. 'La Mezquita podía estar inscrita o podía no estarlo, pero eso no afecta en absoluto a la propiedad', ha insistido.

Mariscal por su parte se ha referido a los '30 euros' que le costó a la Iglesia hacerse 'con una propiedad de 23.400 metros cuadrados de una joya arquitectónica del mundo', que recibe 1,2 millones de visitas que pagan 8 euros por entrada. 'Hágase usted una idea del nivel de ingresos libres de impuestos para el Cabildo Catedralicio y el Obispado de Córdoba', ha indicado Mariscal, que ha afirmado que con el anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria aprobada el pasado 11 de abril por el Consejo de Ministros, el Gobierno 'ha introducido un truco'.

Este responde, según el senador de IU, al año de cadencia desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta su entrada en vigor 'para darle a la jerarquía eclesiástica y católica, a la que obedecen -ha dicho-, tiempo suficiente para inmatricular aún más edificios a su propiedad'. 'Lo que sucede en la Mezquita es impresionante, es una gestión opaca, una gestión abusiva', ha recalcado el senador.

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, del PP, ha manifestado este martes que, 'al margen de lo que a uno le pueda gustar o no', hay una realidad histórica y jurídica en la Mezquita-Catedral y que 'se plasma' en un informe en el que trabaja el Gobierno central, que avala la titularidad de la Iglesia sobre dicho monumento Patrimonio de la Humanidad. En una rueda de prensa, Nieto se ha referido a dicho informe, que 'pone de manifiesto algo que sinceramente nadie duda', aunque apunta que 'otra cosa es que pueda haber personas a las que les gustaría que la realidad fuera distinta, pero la realidad es la que es, y es que la Mezquita-Catedral de Córdoba desde 1236, y con seguridad jurídica desde algunos años después, pero ya prácticamente ocho siglos, es un espacio cuya titularidad corresponde al Cabildo Catedral y la Iglesia Católica'.

En este sentido, subraya que 'a lo largo del tiempo ha sido atendida, cuidada y utilizada por quienes son pública y manifiestamente sus titulares', de manera que insiste en que 'hay una realidad jurídica que se plasma en este documento y que traslada lo obvio'. De este modo, comenta que 'ante la obviedad hay alternativas, pero no es que un Gobierno o una presidenta de un Gobierno manifieste o exprese su deseo o lo que a ella le gustaría', a lo que ha añadido que 'cuando uno gobierna o acata las normas y lo que de ellas se desprenden, o trata de cambiarlas'. En este caso, subraya que 'hay una realidad jurídica e histórica, que es la que se refleja en el informe que se hace por parte del Gobierno de España, y hay una intención o deseo que puede tener una parte de la sociedad o algunos ciudadanos que para que se pueda producir exige cambios'. Así, indica que 'lo que puede hacer la Junta ante esta realidad es acatarla o utilizar la ley para cambiar la realidad, no hay otra'.

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