Prolongar y mejorar las prestaciones de las becas comedor para el curso escolar 2014-15, garantizando la cobertura del 100% del coste del comedor en casos de pobreza extrema y atendiendo a las situaciones cambiantes durante el curso. Ampliar la tregua energética a todo el año para evitar que se corten los suministros básicos a las familias sin recursos. Revisar el sistema de indicadores de la Renta Mínima de Inserción para evitar que ningún beneficiario se quede sin cobrarla. Son algunas de las medidas que el parlamento catalán ha aprobado este jueves en el pleno monográfico sobre la pobreza. Unas medidas que las entidades sociales que promovieron esta convocatoria extraordinaria consideran insuficientes.

'Se ha evidenciado que estamos en un modelo asistencialista, que sólo palia situaciones límite. Pero para atacar las causas se necesita forjar un pacto de país a largo plazo', lamentaba Teresa Crespo, presidenta de la ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social). Según Crespo, el miércoles, en el debate parlamentario, y este jueves, en la votación de las resoluciones, se ha desaprovechado una oportunidad única para acercar posturas entre partidos y abordar un plan antipobreza real. De hecho, ha sucedido todo lo contrario: el escaso acercamiento entre gobierno y oposición quedó evidenciado con reproches cruzados entre partidos. Y la intervención de Artur Mas, vinculando la lucha contra la pobreza con el debate soberanista y atacando la gestión del tripartito, tampoco ayudó a favorecer un escenario integrador. 'Estamos cargados de responsabilidades pero desnudos de instrumentos para luchar contra la pobreza', argumentó el President de la Generalitat aludiendo al déficit fiscal.

A Manel Pousa, más conocido como Pare Manel y cuya fundación ayuda desde 2004 a colectivos con riesgo de exclusión social, los argumentos del Govern no le convencen. 'No pueden apoyarse en el discurso de que con un estado propio el país será más rico y se acabará la pobreza. Me parece demagógico y una falta de respeto a las entidades y voluntarios que trabajan de forma altruista en el tercer sector. Y yo soy independentista, que quede claro', explica a este diario. A su juicio, 'redistribuir la riqueza entre las capas más pobres es un tema de justicia social' y, por lo tanto, 'los partidos deben ir de la mano'. Pero no ha sido así.

A principios de semana el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ya advertía que de este pleno no iban a salir nuevas partidas de gasto y la oposición tampoco aspiraba a lograr mucho más que 'acuerdos mínimos', como así ha acabado ocurriendo. Las mismas entidades tampoco tenían demasiadas esperanzas en que el gobierno atendiera todas sus peticiones. De ahí que las propuestas de resolución votadas este jueves en el Parlament hayan sido rechazadas por una gran mayoría de grupos parlamentarios. Como muestra, un botón. Dos formaciones tan alejadas ideológicamente como ICV y PP han visto tumbadas todas sus propuestas. Del mismo modo, ambos partidos también se han abstenido en las votaciones de las resoluciones de grupos que apoyan al Govern. Lo mismo han hecho el PSC y la CUP, los otros dos partidos que convocaron el pleno junto al grupo ecosocialista. La nota de color, por decirlo de alguna manera, la ha puesto el Partido Popular que, en su intervención y sin apenas aportar propuestas, ha manifestado que 'para luchar contra la pobreza lo importante es preservar la libertad económica'.

El papel de ERC en este pleno también ha sido seguido con atención. A pesar de desmarcarse inicialmente del discurso oficialista del Govern —el lunes insinuaba que las partidas del presupuesto 'no son inmutables'—, en su intervención del miércoles, realizada por Oriol Amorós, su portavoz adjunto, ahondó en la misma cuestión que CIU: 'España es un lastre demasiado grande para que Catalunya pueda desarrollar las políticas sociales necesarias'. Todo en orden porque la práctica totalidad de las propuestas aprobadas han sido promovidas por ERC y CIU.

De las 60 resoluciones que se han votado, sólo se han aprobado 18 y ninguna ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Difícil establecer un plan de choque real. El consenso, ha brillado por su ausencia. 'Aunque me parece gravísima la escasa voluntad de liderar proyectos comunes en un tema como este, me quedo con lo positivo. Se ha hablado de la pobreza y la gente ha podido conocer la gravedad de la situación. Pero los reproches políticos han diluido el sentido de este pleno. Estuve ocho horas y media en el Parlament siguiendo el debate pero si en lugar mío hubiera asistido una persona en riesgo de exclusión social, se habría marchado por vergüenza', confesaba a Público Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social, que agrupa a más de 32 organizaciones, federaciones y fundaciones que aglutinan unas 4.000 entidades sociales.

Guiteras también lamentaba el uso de los presupuestos como excusa para no aplicar unas políticas sociales más equitativas: 'Un presupuesto no son los Diez Mandamientos, se pueden cambiar capítulos, solo depende de la voluntad para hacerlo. Y las prioridades las marca la sociedad. Hoy (por el jueves) debemos alegrarnos por una serie de medidas concretas que llevamos reclamando desde hace años. Pero nadie se ha atrevido a liderar cambios estructurales. Y no existe un país fuerte con gente vulnerable'.

La CUP, en su discurso más crítico, ha visto aprobada una propuesta suya donde promueve la revisión de ordenanzas de civismo con el fin de evitar que 'se acentúe la estigmatización y penalización de personas en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza'. No obstante, su líder, David Fernández, ha manifestado en su intervención que 'en este pleno extraordinario, el Parlament no ha estado a la altura'. En la misma línea se manifestaba Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, a Público. 'El juego político, el fuego cruzado, la palabrería... no me ha sorprendido. Tampoco tengo tan claro que las resoluciones aprobadas hayan surgido de este pleno extraordinario. ¿Y si las tenía ya planeadas el propio gobierno? Al final las mejoras que han salido este jueves del Parlament sólo garantizan los derechos básicos. Nada más. Por eso tengo la sensación de que seguimos en el mismo sitio'.

El pleno monográfico sobre la pobreza ha puesto de relieve la desigualdad y aumento de la exclusión registradas en Catalunya en los últimos años. Los datos que algunas entidades reflejaron antes de la sesión monográfica y que la oposición arrojó en el Parlament son ciertamente alarmantes. La Cruz Roja, por ejemplo, asegura que en territorio catalán habitan 200.000 familias sin ninguna ayuda económica y en las que ningún miembro trabaja. La Fundació Arrels añade que 37.000 personas tienen graves problemas de alojamiento, de las cuales más de 11.500 no tienen hogar. El Banco de Alimentos, por su parte, atiende con sus donaciones de comida diarias a 300.000 catalanes. Y la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social estima que, cada día, 88 catalanes caen en la pobreza. A todo esto hay que añadir el 22,2% de la tasa de paro y un 19% de la población en riesgo de exclusión social.

Si el objetivo de este pleno monográfico era el de trazar estrategias para reducir la pobreza y las desigualdades sociales, queda claro que las lecturas sesgadas y el oportunismo político han restado fuerza al mensaje. 'Decir que ha habido un acuerdo de mínimos es ser demasiado generosos. Ha sido tanto de mínimos que casi estamos dónde estábamos', aseguraba a última hora del jueves Jaume Clupés, president de la Federació Entitats Atenció Infància i Adolescència (FEDAIA). 'Las políticas sociales no pueden seguir siendo de caridad. El primer paso es que los responsables políticos tengan un consenso en aceptar la pobreza. Lógicamente lo que pretendíamos era hacer un paso adelante, establecer el camino para coordinar nuevas políticas. Pero no podemos seguir dejando todo este problema en manos de las entidades, el voluntariado, la buena fe de la sociedad civil. Con las mejoras en las becas comedor no se resuelve el problema. Hay que hacer políticas de país', sentenciaba. Muchas entidades participantes en este pleno (asistieron pero se les impidió intervenir) han profesado a este diario cierto pesimismo. Clupés ahondaba en esta sensación: 'No estamos sorprendidos por las resoluciones aprobadas. Tampoco decepcionados. Sabíamos que era difícil. No hay dinero ni ingresos. Pero confiábamos en que se buscaran nuevas ideas, nuevos proyectos. Porque la pobreza estructural es un fracaso político'.

La oleada de recortes en servicios sociales iniciada por el gobierno de CIU en verano de 2011 ha llevado a Catalunya a un paulatino empobrecimiento de sus habitantes. Pero para Artur Mas las cosas no han empeorado tanto desde que su partido entró al poder. En el pleno aseguraba que en 2008, cuando gobernaba el tripartito, y en medio de una gran expansión económica, el nivel de pobreza era del 19% mientras que, actualmente, en condiciones económicas muy adversas, ese índice no supera el 20%. 'Hay que acabar con la afirmación de que la pobreza es estructural e irreversible', reivindicaba Crespo. Aunque haya sido de forma tímida y con soluciones cortoplazistas, esta lucha ha logrado situarse en el centro del debate político. Así lo ven las entidades sociales. 'Nuestras expectativas eran limitadas pero como mínimo hemos hecho que los políticos reflexionen sobre la situación de emergencia social que vivimos', concluía Guiteras. Visto lo visto, tiene su mérito.