El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprovechado el ruido que han provocado las votaciones parlamentarias relativas a su polémica reforma de la ley del aborto de 2010 para dar luz verde a la privatización del Registro Civil, cuyas competencias pasan al Colegio de Registradores. Así lo ha anunciado en una carta a sus compañeros el decano de este Colegio, Gonzalo Aguilera, que en la misiva subraya la 'leal colaboración con el Ministerio' de este órgano para el traspaso de competencias.

El sindicato de funcionarios CSI-F se ha hecho eco inmediatamente de esta 'decisión política' de Ruiz-Gallardón y ha denunciado 'la privatización de un servicio público, financiado por los ciudadanos, que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870'. Además de esta financiación pública, ahora, la medida del Gobierno supondrá un coste añadido a los ciudadanos, que aún está 'sin cuantificar', precisa el sindicato en una nota, pero que afectará a 'trámites como inscripciones, certificaciones (matrimonio, nacimientos, defunciones, fe de vida, etc.) que hasta ahora eran gratuitas'.

Además, CSI-F advierte de que esta decisión de Gallardón 'deja en el aire la situación laboral de más de 3.500 funcionarios de toda España'. Por su parte, el decano de los Registradores explica a sus compañeros que la actitud de la Junta del Gobierno que encabeza ha sido siempre la de mantener 'una postura de firme defensa de los intereses de los registradores y de su voluntad expresada a través de sus más altas instancias representativas'. Y concluye Aguilera que, tras esta 'firme defensa' de sus 'intereses', 'al final, la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores (...) con plena capacidad auto-organizativa del Colegio'.

Tanto el sindicato de funcionarios como el decano de los Registradores en su misiva confirman que la medida fue comunicada al Colegio este lunes 10 y ratificada el martes 11 en una reunión en el Ministerio de Aguilera con el subsecretario, la secretaria general técnica, el director general. Hace dos años, Gallardón ya lanzó la posibilidad de que la gestión del Registro Civil pasara a manos del Colegio de profesionales levantando una enorme polémica que llevó a Justicia a frenar la medida, ahora consumada.