'La Generalitat garantiza que ninguna persona con discapacidad quede fuera de la cobertura del sistema por no disponer de recursos económicos'. Con esa frase, la consellera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, trató de zanjar el pasado viernes en rueda de prensa cualquier polémica acerca de la imposición -pionera en España- por parte del gobierno de Alberto Fabra de un sistema de repago a las personas discapacitadas y dependientes en el servicio social básico de los centros ocupacionales, de día y residencias.

Los datos que ofreció para avalarlo pretendían parecer tranquilizadores. Por un lado delimitaba el número de personas afectadas -solo un 70% de 7.137 discapacitados- y señalaba que lo eran en función de su renta (añadiendo que de ellas, en la práctica totalidad aportará menos del 50% del coste que la Generalitat ha calculado que supone a las arcas públicas el servicio), mientras que solo 155 abonarán el 90%. Por otro, para mayor aliciente, añadió que con la medida esperan recaudar 'aproximadamente 15 millones de euros'.

Sin embargo, frente al mensaje optimista de la consellera está el de los afectados. 'Así son de sinvergüenzas', resume Isabel Sifre, de 74 años, y hermana y tutora de una persona con discapacidad absoluta. De ella -una mujer de 65 años- se podría decir que es afortunada, pues con la supervisión de Isabel, por ahora va a seguir siendo correctamente atendida, pero su caso ejemplifica el alcance y la naturaleza de la medida emprendida por el gobierno popular valenciano.

La hermana de Isabel fue de las primeras en recibir la carta de la conselleria, en vísperas de vacaciones, anunciando que a partir del 1 de enero su hermana debería abonar -'sí o sí'- 375 euros al mes en 14 pagas si quería seguir acudiendo al centro de día. La cantidad se establecía en función de su renta y patrimonio, y en su caso, como recuerda Isabel, ésta era suficientemente holgada. Eso sí, matiza, 'a costa de que nuestros padres, tras muchos años de sacrificio, nos desheredaran a todos los hermanos para dejarle todo a ella'.

'Es un criterio absolutamente injusto', subraya Amparo Beas, trabajadora en un centro de día de Valencia, que señala que esa situación es muy común. 'Que tengan patrimonio no quiere decir que sean ricos, y asistir a un centro de día u ocupacional ni les soluciona la vida, ni es su único gasto', añade la trabajadora, en cuyo centro -entre cuyos usuarios han visto facturas de hasta 740 euros- se ha producido ya la primera baja y pronostican que en breve -como ya está sucediendo a lo largo y ancho de todo el País Valenciano- llegarán muchas más.

'Nosotras pagamos a una chica que lava y lleva a mi hermana al centro, y además le apuntamos durante el año a tres o cuatro campamentos', señala Sifre como sus gastos regulares, a los que habría que sumar los que ya realizaba con el centro de día. 'Cabe recordar que hablamos de un servicio social básico al cuál deberíamos tener derecho de acceso todos los ciudadanos que lo necesitaran. No obstante, antes los usuarios ya pagaban un 20% del coste a cada centro y a eso hay que sumarle en muchísimos casos también el transporte, por lo que, después de los impuestos y estos pagos previos, estamos hablando de un repago en toda regla', aclara Beas.

'Los casos más sangrantes -reincide la trabajadora- son precisamente los de los huérfanos absolutos, porque a ellos, a consecuencia de las herencias y las pensiones, es a los que más se pide. Alrededor de 500 euros al mes. Unos 7.000 al año'. Ante esta situación y en el contexto actual, Isabel no puede evitar indignarse. '¿En qué país vivimos? A estas personas a las que a todo lo que pueden aspirar es a comer bien y estar entre sus amigos, les quieren quitar todo lo que tienen y recuperar de ellas todo lo que perciben. ¡Se inmiscuyen en su patrimonio y no en el de la infanta!', lamenta.

Por lo pronto -y tras muchas semanas clamando contra esta nueva vía de recaudación de la Generalitat a costa de los discapacitados-, cientos de afectados acudieron el pasado miércoles a la sede de la Conselleria de Bienestar Social en Valencia para presentar recursos individuales en contra de una tasa que consideran ilegal. La primera respuesta del Consell, el mensaje de Sánchez Zaplana asegurando que 'no van a permitir ninguna situación injusta'. Pero mientras revisan caso por caso, y a pesar de que en su anuncio del cierre de RTVV Alberto Fabra aseguró que para él era prioritario pagar lo que debía entre otros a los dependientes, el President por ahora les pasa la factura.