El Ministerio de Industria ha revelado este jueves ne la Comisión de Economía del Congreso un cláusula en el contrato con la empresa concesionaria del proyecto de gas Castor, según la cual, el Estado debe indemnizar a la empresa Escal UGS si el proyecto del almacén subterráneo de gas es paralizado.

Escal UGS es una empresa canadiense de la que la constructora ACS, presidida por el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, posee el 66,67%.

Este dato ha salido a la luz cuando el ministro Soria ha solicitado al Tribunal Supremo que declare lesiva dicha cláusula, incluida en la autorización administrativa del almacén subterráneo de gas Castor.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el titular de Industria, Energía y Turismo, ha anunciado esta petición al considerar que se trata de "una cláusula claramente abusiva para el interés general". Lo pagarán los españoles

Soria, ha señalado este jueves que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros, mientras avanzaba que los expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tan solo ven un "riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro" en la zona de la costa mediterránea afectada por la actividad de esta planta de almacenamiento de gas.

También ha recordado que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista. Todo apunta que la planta empezará a funcionar en algún momento, ya que los expertos no aprecian riego elevado de temblores de tierra. De esta forma, el coste será abonado por los consumidores cuando comience a funcionar, ya que tiene la consideración de coste de tarifa

"En el momento actual, las opiniones preliminares de los expertos apuntan a la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa", ha confirmado el titular de Industria, al mismo tiempo que ha subrayado que los expertos coinciden en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque "no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura".1.000 millones de sobrecoste

A los 700 millones iniciales se añaden 186 por la inyección de gas colchón y 234 de costes financieros

 Soria ha detallado que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente.

Sin embargo, el ministro no ha aclarado quién tendría que sufragar estos costes en caso de que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento y, por tanto, esa cantidad no pase al sistema.

El ministro ha recordado que esta instalación se consideró necesaria y "urgente" en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que "en el momento actual" de caída de la demanda "es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio" que tenga en cuenta la "infrautilización" de las infraestructuras de este sector.

"El Gobierno (actual) ajustó la retribución y estableció una fase de pruebas", en la que se encontraba la instalación en el momento de su paralización.

Soria ha reiterado que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una "relación directa" entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan "riesgos" relevantes.

"Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad", ha insistido, al tiempo que ha instado a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos.

"Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (...) no va a reanudar su actividad" También ha subrayado que el Gobierno ha trabajado en todo momento de coordinada con las comunidades autónomas afectadas, Comunidad Valenciana y Cataluña, así como con las diputaciones y ayuntamientos, además de numerosos expertos.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se están produciendo en la zona