El Comité de Bioética de España, encargado de emitir un informe sobre la reforma de la Ley del Aborto que prepara el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se acaba de transformar en un organismo antiabortista y contrario también a la reproducción asistida, la investigación con células madre, la eutanasia o la píldora del día después. Tras haber cumplido los cuatro años en el cargo que marca ley, sus 12 miembros serán reemplazados casi en su mayoría -según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE)- por expertos conservadores.

A partir de ahora, las posiciones más reaccionarias serán mayoría (al menos ocho de 12) en este órgano independiente, de carácter consultivo, que asesora al Gobierno 'sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales' de nuevas leyes o avances científicos relacionados con la Salud y la Biomedicina, especifica el BOE.

Los únicos dos expertos que repiten son los únicos que votaron en contra cuando el comité avaló, en 2009, la reforma de la Ley del Aborto del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de Carlos Alonso Bedate, licenciado en Filosofía, Teología y Biología e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y César Nombela, actual rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), catedrático en Microbiología y uno de los promotores de la llamada Declaración de Madrid. Este documento, firmado por más de 2.000 científicos, profesores e intelectuales de distintas ramas de la Biomedicina, las Humanidades y las Ciencias Sociales, fue presentado por la plataforma ultracatólica HazteOir y afirma que 'el aborto es una tragedia para la sociedad'.

La declaración también dice que un aborto no es sólo la 'interrupción voluntaria del embarazo' sino 'la interrupción de una vida humana', por lo que 'ni es ni puede ser un derecho'. 'Si la sociedad es indiferente a la matanza de cerca de 120.000 bebés al año, es una sociedad fracasada y enferma', añade el texto.

Otro de los promotores de esta declaración, que además fue su primer firmante, es Nicolás Jouve de la Barreda, catedrático de Genética. Se incorpora este año al nuevo comité tras afirmar que 'el aborto no es la solución sino una práctica indeseada que debe abolirse'.

El resto de nuevas incorporaciones son expertos que pertenecen a asociaciones médicas conservadoras. La Asociación bioética de España, por ejemplo, estará presente en el nuevo comité porque una de las incorporaciones designadas por el Gobierno es su vicepresidenta, Natalia López. Esta doctora en Ciencias Biológicas arguyó que 'en España ha habido tres violaciones en tres años' cuando fue preguntada por la interrupción del embarazo en el caso de las violaciones. Y la organización a la que pertenece defendió el derecho a la objeción de conciencia de los médicos alegando que 'la destrucción del feto en el seno materno no es un acto médico' [ver pdf]. Otro colectivo conservador, la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, contribuye al comité aportando su presidente de honor, el cardiólogo Manuel López de los Reyes.  

El sexto miembro conservador del renovado órgano consultivo del Gobierno es Vicente Bellver Capella, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, que ha publicado numerosos artículos en contra de la interrupción voluntaria del embarazo e, incluso, sobre la píldora postcoital, de la que, dice, sí tiene 'efectos abortizantes' [pdf]. Bellver critica que el Gobierno de Zapatero autorizara en 2009 a comercializar la pastilla del día después en farmacias y sin receta y en un artículo apoya la objeción de los farmacéuticos a venderla. También posee un amplio repertorio sobre otros temas bioéticos en una página web claramente católica. 

[En la imagen inferior, la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una foto de archivo. EFE] 

El área de actuación del comité también incluye el debate sobre las células madre, la eutanasia y la reproducción asistida, entre otras cuestiones. Bellver, por ejemplo, ha escrito un libro y artículos contrarios a la clonación de embriones con fines terapéuticos. 'No puede ser lícito, en ningún caso, su instrumentalización [del embrión] al servicio de otros seres humanos. Si no existiesen fuentes alternativas para obtener las células madre que no plantean problemas éticos, nos encontraríamos ante un dilema cuya respuesta no admitiría dudas pero que resultaría bastante trágico. Pero lo cierto es que la ciencia ha provisto de unas alternativas más que satisfactorias, que permiten desarrollar la investigación con células madre sin sacrificar vidas humanas', ha escrito.

José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), posee un blog en el que publicita la recogida de firmas de una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir 'la protección jurídica del derecho a la vida' y reproduce, a menudo, artículos de La Razón en los que cuestiona 'supuestos escándalos' como las declaraciones del Gallardón en las que relacionaba el aborto con 'la violencia estructural contra las mujeres por estar embarazadas'. También publica textos contrarios a la eutanasia, a la fecundación in-vitro y a la clonación con células madre embrionarias.

Otro nuevo miembro del comité, María Teresa López López, doctora en Ciencias Económicas, pertenece a la Fundación Acción Familiar, un colectivo cristiano que opina que 'el matrimonio sigue siendo la mejor fórmula para convivir'. El organismo defendió también las declaraciones del ministro de Justicia sobre la violencia estructural que sufre la mujer en un comunicado. 'Es incomprensible proteger sólo la interrupción del ejercicio del derecho a la maternidad, que más bien debería definirse como el derecho a la supresión de la maternidad [...] pero las mujeres que desean ser madres pero no pueden serlo por motivos económicos no están protegidas por ninguna ley', reza el documento.  

López y Serrano, junto al polémico Nombela, fueron elegidos por el Ministerio de Ana Mato. El resto del comité se designó a propuesta de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas (mayoritariamente gobernadas por el PP) en uno de los recientes Consejos Interterritoriales de Sanidad.