El Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por los diputados de IU Alberto Garzón y Ricardo Sixto contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por la actuación de su departamento durante las últimas protestas convocadas a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso, según ha informado IU en un comunicado.

La querella fue presentada el pasado día 12 de diciembre en los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla y en ella se acusaba a la delegada del Gobierno de 'supuestos delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos individuales', explica la coalición. (consulta la querella en PDF)

Ricardo Sixto y Alberto Garzón reiteran que con esta acción judicial 'Izquierda Unida persigue dar respuesta a las identificaciones indiscriminadas y 'a las duras e injustas sanciones impuestas' a varios centenares de personas' que participaron 'e, incluso, no llegaron a hacerlo', en las protestas convocadas hace un par de meses a través de las redes sociales en las inmediaciones del Congreso.

'Creo no equivocarme si expreso en estos momentos la satisfacción de nuestra formación ante este primer paso judicial que se ha producido. Esperamos que le sigan otros muchos y que la Justicia pueda arrojar luz suficiente para aclarar una situación que consideramos muy grave', ha relatado Sixto.

El diputado acusa también al PP, con estas supuestas actuaciones denuncadas en esta querella, de 'buscar acallar cualquier atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde hace un año'. Para el diputado de IU por Valencia, la respuesta dada a estas protestas evidencia que la política de Interior que lleva a cabo el Gobierno se centra únicamente en 'la vía policial y la multa'.

Por su parte, Alberto Garzón recordó durante la presentación de la querella que al día siguiente de esta protesta la propia delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid anunció que la Policía había identificado a cerca de 300 personas y detalló que 'tanto asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron identificados'. Con posterioridad, según apuntó, la Delegación del Gobierno les notificó la apertura de un expediente sancionador por asistir a una 'protesta ilegal' y les reclama sanciones que, en algunos casos, alcanza los 500 euros.

IU anunció a principios de este mes que daría cobertura legal a todas las personas que sean identificadas y sobre las que se abra un expediente sancionador ejerciendo de manera pacífica su derecho a manifestación. Desde el día 11 existe en su página web un modelo de querella que animan a utilizar para presentar contra todas las Delegaciones del Gobierno que se estén comportando de este mismo modo en las diferentes protestas sociales de todo el país.