Una multitudinaria manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de Castelló para conmemorar el 80 aniversario de las Normas de Castellón, que sentaron las bases de la normalización del valenciano en la Comunitat, así como para defender la unidad de la lengua catalana y su presencia como lengua vehicular en la escuela frente al 'ataque' de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) propuesta por el ministro del ramo, José Ignacio Wert.

Convocada por el colectivo Castelló per la Llengua bajo el lema 'Que no et retallen la llengua! Pels drets socials i lingüístics' ('¡Que no te recorten la lengua! Por los derechos sociales y lingüísticos'), la marcha ha partido desde la Plaza de la Independencia con destino al paseo de Ribalta con una nutrida representación de entidades sociales y de los tres partidos de la oposición en las Corts --PSPV, Compromís y EUPV--.

Según ha indicado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Avel·lí Flors, la manifestación tiene tres objetivos fundamentales, entre ellos mostrar el rechazo al anteproyecto de la Lomce, que 'relega a las lenguas cooficiales a una posición secundaria' y defender la inmersión lingüística, el único modelo que garantiza, a su juicio, que los menores salgan del colegio dominando tanto el castellano como la lengua vernácula.

Asimismo, los convocantes reclaman al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que dé una solución respecto a las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana tras la sentencia del Tribunal Supremo 'por responsabilidad y coherencia', ya que 'él mismo criticó el cese cuando era alcalde de Castelló en 2011'. Para la plataforma, la solución pasa por un acuerdo de reciprocidad entre las televisiones públicas de la Comunitat, Catalunya y Baleares.

En esta línea, la marcha pretende también denunciar 'el intento de privatización de Canal 9', una televisión 'que es nuestra y queremos que sea pública y plural, con una mayor presencia del valenciano'. Los presentes han querido mostrar, además, su solidaridad con los trabajadores del ente, en el que se ejecutará un ERE que afectará a casi 1.200 empleados.