Un padre, su hijo y una activista de 'Stop Desahucios' han 'acampado' este medio día sobre el tejado de la entrada del edificio de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Madrid para pedir una negociación con esta entidad pública que iba a ordenar el desahucio de su vivienda en pocos días.

Los tres han permanecido en el tejado con una tienda de campaña mientras varios agentes de la UIP, los antidisturbios, rodeaban el edificio e identificaban a algunos de los activistas que permanecían en los aledaños apoyando. Finalmente, después de dos horas, han accedido a bajar por unas escaleras y, junto a varios miembros de su familia, se han reunido con representantes de la EMV, situada en la esquina entre Palos de la Frontera y Santa María de la Cabeza. Tras ese encuentro, la familia afectada ha informado de que la empresa municipal ha accedido a paralizar su desahucio.  

Antonio y Ascensión, el matrimonio propietario de la vivienda que iba a ser desahuciada, viven en Lavapiés con sus hijos y hace cerca de 18 años firmanron un contrato de arrendamiento con la EMV con motivo del realojo en la calle Sombrerería. Llegando a ser nueve personas empadronadas en la casa, los ingresos de la familia nunca superaron los 500 euros, según han informado desde la asamblea del 15-M de Lavapiés, impulsora de la protesta a petición de la familia.

Al no poder hacer frente a los pagos, la EMV comenzó un procedimieto de desahucio reclamándoles los pagos atrasados de alquiler y al que la familia no ha podido dar solución negociando. En estos últimos seis meses, según afirman, han intentado comunicarse insistentemente con la EMV y ésta no ha respondido. Se niega a negociar un nuevo alquiler y a la paralización temporal del desahucio hasta que los habitantes de la casa puedan encontrar una alternativa sin tener que quedarse en la calle, como han pedido.

'Funcionando igual que el mercado y los bancos, que en la actualidad lanzan a miles de familias a la calle y dejan otras tantas casas vacías, la Empresa Municipal de la Vivienda especula y echa a la gente de sus casas, condenando a las familias más desfavorecidas a la más cruda exclusión social', denuncian los activistas en su comunicado.