Unas veces 'socorro', otras 'auxilio' y en la mayoría de casos 'SOS'. Con independencia del término utilizado, 50.000 manifestantes han salido este domingo a la calle para pedir a las administraciones públicas que paguen los 300 millones que adeudan al sector de la discapacidad y exigir al Gobierno de Rajoy que deje de recortar sus derechos. 'Si siguen recortando en derechos sociales nos terminarán matando', resume Pedro López, un hombre de 48 años que sufre esclerosis múltiple y que ve como el centro en el que recibe tratamiento puede desaparecer por culpa de los impagos de la Administración.

Alrededor del 20% de los centros de atención a personas con discapacidad de toda España están en peligro de cierre inminente. Sólo en Aragón la Administración adeuda a los centros de atención 1.700.000 euros. Es decir, todos los servicios que estos han prestado durante el 2012 y, lo que es más grave aún, la Junta aún no sabe cuando podrá pagar la deuda.

Ante esta situación, que pone en peligro de extinción los derechos alcanzado por el colectivo de la discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) -que agrupa a más de 7.000 entidades- ha convocado una marcha protesta para que las personas con discapacidad dejen de ser las 'víctimas fáciles de la historia' y se conviertan en 'coprotagonistas de la misma'. La convocatoria, quizá porque la situación así lo exigía, ha resultado todo un éxito y miles de personas con discapacidad, junto a sus familiares y amigos, han abarrotado el centro de Madrid. Sólo de Andalucía han llegado 64 autobuses, 300 desde toda España. Ha sido la primera vez en la historia de España que el movimiento asociativo de la discapacidad sale a la calle de forma masiva y unitaria.

'Llevamos hasta 18 meses de retraso en los pagos. La deuda no es una cuestión nueva pero ahora sí que es insostenible. El problema supera a gobiernos de uno u otro símbolo y pedimos un gran pacto de Estado para poner a las personas con discapacidad donde deben estar, que no es otro lugar que con el resto de la ciudadanía', ha señalado a Público Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI.

Pero la grave situación que atraviesas las personas con discapacidad y sus familias no se concretan solamente en la deuda de la Administración con los centros de atención. El CERMI denuncia que se ha incumplido de manera 'sistemática y estructural' las leyes aprobadas para defender sus derechos, como la Ley de dependencia; el copago; la paralización de las políticas de creación de empleo para personas con discapacidad o la desaparición de los programas de atención temprana a niños y niñas con discapacidad.

'Si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegamos a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis', ha denunciado Laura López Espejo, una joven con discapacidad auditiva, durante la lectura del manifiesto.

Es el caso de la familia García. Jaime padece síndrome de Down y un grave problema cardíaco. Necesita el cuidado constante de una persona. Su madre está jubilada y su hermana, Consuelo, está en paro. Los tres tienen que 'salir adelante' con los 500 euros de ayuda que recibe Jaime y la 'mísera' pensión de su madre. La Ley de dependencia nunca llegó para ellos, según denuncia Consuelo. 'Con 500 euros debemos hacer frente al colegio, medicinas, médicos, autocar... Una vez nos concedieron unas horas de ayuda en domicilio pero nos querían cobrar por ello. ¿Con qué dinero lo pagamos?', denuncia Consuelo.

'Sería una injusticia atroz que carguemos con los errores y las maldades de otros', denuncianAl término de la marcha, los colectivos de discapacitados han leído un manifiesto en el que denunciaban que los años de crisis están siendo 'un museo de los horrores' para las personas con discapacidad. 'Asumimos nuestra cuota de esfuerzo, pero sería una injusticia atroz que carguemos con los errores y las maldades de otros, que se van de rositas y evitan siempre las consecuencias de sus actos', ha denunciado Mercedes Pérez de Prada, que sufre discapacidad auditiva, durante la lectura del manifiesto.

La rabia contra aquellos que se van 'de rositas' tras cometer errores que cuestan millones de euros a las arcas públicas ha sido compartido fervientemente por Narciso Hidalgo, un hombre de 77 años usuario de sillas de ruedas desde hace 25. 'He estado toda mi vida pagando impuestos y cotizando hasta que sufrí el accidente. He pagado mis impuestos y la seguridad social y ahora unos pocos me quieren quitar mis derechos y mi dinero. Mi mujer recibía 350 euros de pensión por cuidarme por la Ley de Dependencia. Ahora de ese dinero tenemos que pagar la Seguridad Social? ¿Están locos? No quiero decir sus nombres, pero sabemos todos quiénes son. No están robando nuestro dinero', denuncia Narciso, que ha llegado desde Granada para manifestarse.

El punto y final a la concentración lo ha puesto Luis Cayo, presidente de la CERMI, quien ha citado a los presentes para volver a manifestarse pero esta vez en el ámbito europeo, bien en Bruselas o en Berlín. 'La señora Ángela Merkel se tiene que enterar de que en Europa somo 80 millones de personas con discapacidad. No se puede asfixiar a los países porque están formados por un conjunto de personas que están a punto de ser ahogados', ha sentencia Cayo.