Abogados, sindicatos y consumidores han acordado constituir una Plataforma contra las tasas judiciales del Gobierno, que extienden este impuesto de hasta 1.200 euros (más otra cuota variable) a los ciudadanos particulares que pleiteen en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y social.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, lidera la iniciativa y se ha reunido esta semana con Cándido Méndez, secretario general de UGT, Francisca Sauquillo, presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, y Francisco Lama, presidente nacional del área de Justicia del sindicato de funcionarios CSIF. El próximo viernes tiene previsto verse con el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernandez Toxo.

En estos encuentros, los diferentes colectivos han acordado poner en marcha una Plataforma conjunta para mostrar su rechazo a lo que consideran incidencia negativa de la Ley de Tasas Judiciales en el derecho de defensa de todos los ciudadanos.

De hecho, tanto la Abogacía como el Consejo de Consumidores y Usuarios han reclamado a la defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, el TC tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley porque el PSOE ya ha anunciado que recurrirá.

También el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace unos meses ya se pronunció en contra de las tasas por atentar contra la tutela judicial efectiva y por crear una justicia para ricos y otra para pobres, tendrá esta semana que volver a debatir sobre la Ley.

Seis vocales, José Manuel Gómez Benítez, Margarita Robles, Pío Aguirre, Manuel Almenar, Félix Azón e Inmaculada Montalbán, han solicitado la inclusión en el orden del día del Pleno del Consejo de este jueves un escrito del Consejo de la Abogacía contrario a las tasas.

En ese documento, que será analizado por el Pleno al haber sido pedido por más de cinco vocales, se reclama al Consejo que se dirija al Defensor del Pueblo y a los grupos parlamentarios sugiriendo la presentación de recursos de inconstitucionalidad.

Fuentes del Consejo destacan que, más allá de que la petición de la Abogacía prospere, será una ocasión para que el Pleno recuerde públicamente y ratifique su posición contraria a las tasas, que están siendo contestadas por un amplio espectro de colectivos y ciudadanos, entre ellos todas las asociaciones de jueces y fiscales. 

Abogacía, sindicatos, consumidores y funcionarios han manifestado su voluntad de trabajar de forma conjunta con el firme compromiso de colaborar para mejorar la situación actual de la Justicia y aportar sus esfuerzos en beneficio de los ciudadanos.

La constitución de la Plataforma tiene como objetivo aunar voluntades y elevar las correspondientes propuestas alcanzadas sobre la reforma de la Justicia para que el Gobierno escuche y tenga en cuenta las iniciativas de los ciudadanos y de todos los operadores sociales y jurídicos.

La idea, según fuentes de la Abogacía, es que la Plataforma se reuna para decidicr acciones contra esta Ley que consideran injusta para los ciudadano y contraria a la Constitución.

La Ley de Tasas fue aprobada el pasado miércoles, 21 de noviembre, y entró en vigor al día siguiente, pero aún no se cobran porque el Ministerio de Hacienda no ha publicado el modelo de autoliquidación del impuesto, ni tampoco el que se requiere para lograr la devolución del 60% de lo pagado en caso de obtenerse una resolución extrajudicial del pleito antes de llegar a juicio.

El borrador de orden ministerial, que previsiblemente será publicada en el BOE en diciembre, se puede consultar en la página web de la Agencia Tributaria , y en el documento se destaca que las tasas han de pagarse siempre antes de entablar el pleito. Además, descarta la aplicación retroactivo del nuevo impuesto, ya que la orden entra en vigor el día de su publicación y no antes.