La crisis ha aumentado en dos millones más el número de personas adultas que viven en situación de precariedad, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los ajustes llevados a cabo por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe Adiós a las clases medias, elaborado por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), presentado este viernes en su XII Congreso anual, celebrado en Bilbao. El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en España, que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familias sin ingresos, se incrementó hasta llegar al 43,7% de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 20,6 millones de personas.

De esta forma, según los técnicos del Ministerio de Hacienda, las rentas de los hogares mileuristas se concentran, sobre todo, entre los asalariados que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los autónomos (casi 1,7 millones). A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se extendía al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora.

La elevada tasa de precariedad es diferente en función del lugar de residencia de las personas que se encuentran en esa situación. De este modo, con el 53% y el 51% respectivamente, Extremadura y Andalucía son las comunidades con una mayor precariedad, seguidas de Murcia (47,7%) y Galicia (47,7%). Por su parte, Navarra y el País Vasco registran la menor precariedad del Estado, con el 22,2% y el 24,1%, respectivamente.

Según Gestha, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que engloban al 85% de los trabajadores.

Impuesto para los ricos

Desde 2007, según los térnicos de Hacienda, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las sicav, sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al Fisco. De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de las sociedades de inversión, que se sitúa en sólo un 1%. Según Gestha, esta cantidad es sólo la 'punta del iceberg', que oculta una bolsa de rentas del capital y plusvalías de 'dimensiones gigantescas' en manos de los accionistas que no tributan en el IRPF, mientras no retiren su participación. Por su parte, las grandes fortunas evitan retirar sus fondos para no pagar al Fisco.

Para contrarrestar esta situación de precariedad, el sindicato de los técnicos de Hacienda propone una serie de iniciativas que permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal. Por ejemplo, crear un Impuesto sobre la Riqueza de ámbito estatal, que sustituyera al Impuesto sobre Patrimonio, cuos ingresos van a parar a las arcas autonómicas (de aquellas comunidades que lo han recuperado)