Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

La huelga convocada es la tercera en poco más de dos años, en esta etapa de aplicación de políticas de ajuste y austeridad contestadas por la oposición sindical y la indignación ciudadana. Refleja el malestar profundo existente en la sociedad española por el desempleo masivo, la desigualdad creciente, el carácter impopular de los recortes sociales y el déficit democrático de la gestión política y económica de la crisis. Es una acción colectiva justa, conveniente y oportuna, y expresa una significativa reafirmación democrática de una ciudadanía activa.

Esta movilización general manifiesta el rechazo sindical y cívico a la política de recortes sociales, la persistencia del paro, el empobrecimiento masivo de la población y la menor protección social. Denuncia estas graves consecuencias sociales (Nos dejan sin futuro), exige responsabilidades a los causantes (Hay culpables) y propone otra política (Hay soluciones). Es un cauce para la expresión democrática y pacífica de la ciudadanía contra la gestión antisocial del Gobierno del PP y las élites económicas y financieras, que reclama medidas más justas.

Su blanco directo no es estrictamente laboral, como en las dos anteriores, septiembre de 2010 y marzo de 2012, en que fueron determinantes las regresivas reformas laborales. Afecta a los derechos sociales del conjunto de las clases trabajadoras y la mayoría de la sociedad. Ahora tiene una dimensión social más amplia y se sitúa en el marco europeo del rechazo de las políticas liberal-conservadoras dominantes.

Está respaldada por la Cumbre Social de más de ciento cincuenta organizaciones sociales, así como de numerosas personalidades del mundo de la cultura y la universidad. Se produce en el contexto de las movilizaciones europeas promovidas por la Confederación europea de sindicatos, con especial intensidad, junto con España, en los países del sur como Italia y Portugal (en Grecia se ha realizado un paro general de cuarenta y ocho horas la semana anterior).

El reto inmediato de esta movilización es consolidar y ampliar el rechazo social a esta dinámica regresiva y reforzar la apuesta popular por un cambio de orientación progresista. Pero, ¿cuáles son sus apoyos sociales y qué nivel de participación es previsible?; ¿qué impacto sociopolítico y qué influencia puede tener en la modificación de la política de ajustes económicos y recortes sociales regresivos?; ¿en qué posición se pueden situar los distintos agentes sociales y políticos y cuáles son los siguientes pasos?. No podemos aventurar unas respuestas completas.

Los resultados de esta apuesta van a depender de la masividad de la participación popular y el grado de simpatía conseguido entre la mayoría social. Ello le dará mayor o menor credibilidad a las fuerzas que la convocan y la apoyan para avanzar en sus objetivos básicos.

No obstante, tenemos algunos elementos que sirven para reflexionar sobre el alcance de su probable legitimidad y participación y, al mismo tiempo, reforzar sus motivos y prever sus consecuencias. Según la encuesta de opinión de Metroscopia (El País, 28-10-2012), sus razones alcanzan una justificación mayoritaria entre la ciudadanía y crecen su legitimidad y las perspectivas de participación respecto de las dos anteriores. Veamos datos concretos.

En primer lugar, conviene considerar los dos planos del grado de apoyo a esta convocatoria de huelga ciudadana. Por un lado, su legitimidad, el nivel de aceptación de sus objetivos y la justificación de su conveniencia; por otro lado, el nivel de participación en los paros y las movilizaciones aparejadas (manifestaciones, asambleas, concentraciones, debates públicos o en las redes sociales, expresiones de denuncia o malestar...).

Según la citada encuesta la justificación de la huelga general debido a la gestión del Gobierno de Rajoy alcanza el 62% de la población -mayor de 18 años- (29% de los votantes del PP y 84% de los votantes del PSOE, y se supone que un porcentaje superior entre el electorado del resto de grupos de izquierda o el abstencionismo activo), y llega al 66% entre las personas ocupadas (si se desagregasen las personas asalariadas -descontando autónomos, empresarios y directivos- el porcentaje sería superior). Aunque todavía es significativo el 34% que no la ve justificada, más de dos tercios del electorado del PP (68%) y una minoría de los votantes del PSOE (14%, es de suponer que de su parte centrista y/o acomodada).

Se ha producido un incremento de su legitimidad de nueve puntos desde marzo de 2012 (53%), en que había descendido ligeramente desde septiembre de 2010 (58%). Igualmente, el rechazo a las dos reformas laborales, motivo expreso de esas dos huelgas, era compartido por cerca de dos tercios de la población y todavía más entre la izquierda social (la reforma laboral de febrero de 2012 era rechazada por el 62% de la ciudadanía y por el 91% de los votantes del PSOE).

Sobre la oportunidad de la huelga están más empatados los dos bloques de la población. Le parece oportuna al 47%  y no oportuna al 49%. No obstante, hay una gran diferencia entre personas de las distintas opciones político-electorales. Así, se ve oportuna por el 68% del electorado del PSOE, mientras para el 82% de los votantes del PP no es oportuna. Es significativo el crecimiento de la idea de su oportunidad, ocho puntos respecto de la de marzo de 2012 (39%) y once puntos de la de septiembre de 2010 (36%). Por otro lado, es superior la opinión de su oportunidad entre la población ocupada (50%) que entre la no ocupada -parados e inactivos- (45%), superando esa mitad entre los asalariados.

Otra pregunta relaciona el éxito de la huelga con su seguimiento por ‘la gran mayoría de los trabajadores'. Contestan SÍ, el 48% (57% en votantes del PSOE y 33% del PP), y NO, el 44% (36% del PSOE y 60% del PP). Está clara la percepción de esa amplia participación por parte de la mayoría del electorado de izquierdas, y la valoración mayoritaria de que el nivel de seguimiento, aunque no sea total, dadas las circunstancias, puede ser un éxito.

Sobre la intención de participar en esta huelga hay un 40% que contestan SÍ (Sí con seguridad y Probablemente sí) y un 54% NO (Probablemente no y No con seguridad). Esta previsión de participación se incrementa respecto de la de marzo de 2012 (33%, frente al 65% de no participación). Hay que considerar que esta parte de la encuesta se realiza entre personas ocupadas, y si valorásemos solamente la población asalariada, que es la convocada a los paros, los porcentajes de disponibilidad para participar se podrían ver incrementados en torno a cuatro puntos, es decir, un total del 44% y un 37%, respectivamente. En todo caso, contrasta un poco la opinión entre la intención de participar y la impresión de que será seguida por la mayoría, que es ligeramente superior.

Según análisis propio, basado en diversas encuestas y fuentes (ver Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M, ed. Germanía), la participación aproximada en la huelga del 29 de septiembre de 2010 fue en torno a un tercio de las personas asalariadas (excluyendo las de los servicios mínimos), y la del 29 de marzo de 2012 fue algo superior (particularmente en Euskadi, Navarra y Galicia donde convergieron también los sindicatos nacionalistas). Con esas salvedades, coincide con los datos de estas encuestas, contando con sus márgenes de error, es decir, siempre entre cuatro y cinco millones de huelguistas. La distribución sectorial y territorial fue muy desigual. En torno a dos tercios en los grandes núcleos urbanos e industriales (casi total en la gran empresa industrial y de transporte) hasta un escaso seguimiento en el sector servicios y muchas pequeñas empresas, pasando por una situación intermedia en sectores públicos y ciudades medianas. Esos niveles no llegan a la paralización generalizada del aparato productivo y de servicios o una participación mayoritaria en los paros, como ocurrió el 14 de diciembre de 1988, que representa otra referencia cualitativamente distinta; pero sí se ha producido una significativa implicación de las capas trabajadoras y una gran legitimidad social.

Por tanto, para el 14 de noviembre se expresa una mayor disponibilidad para la participación en el paro general, cerca de cinco millones de trabajadores y trabajadoras (una encuesta publicada en La Vanguardia, aventura una participación del 58% en Catalunya), y habrá que ver el resto de manifestaciones y actividades. Aunque no alcanza a la mitad de la población asalariada es superior a las anteriores y, como se decía, tiene una mayor dimensión social y de participación cívica, sin llegar al nivel de generalización y rotundidad de la de 1988 (la de 2002 se situó en los parámetros de estos dos últimas).

Por otro lado, destaca el incremento de la conciencia de su oportunidad, su justificación y su masividad (o visibilidad). En este sentido, la de septiembre de 2010 era una huelga realizada en el comienzo del impulso sindical contra las políticas de ajuste, frente a un gobierno socialista y con una mayor homogeneidad del poder institucional y los medios de comunicación. El bloque dominante, opuesto a esa acción colectiva, era más compacto y poderoso, y se impuso en la mayoría de la opinión pública la idea de escaso seguimiento y una opinión mayoritaria de impotencia y fracaso para echar abajo esas medidas, infravalorando la realidad participativa, su relevante legitimidad y el positivo impacto sociopolítico.

No obstante, ese bloque social que inició entonces el difícil camino contra las políticas de austeridad, reunía a un tercio de la ciudadanía y una amplia base de las izquierdas, y sus objetivos contra las medidas regresivas y los recortes sociales y laborales contaban con una legitimidad mayoritaria en la sociedad. Ahora, el conjunto de la base social y electoral socialista se encuentra más cómodo en su apoyo y con una expectativa más amplia del éxito de su seguimiento; la dirección del PSOE y sus medios de comunicación afines se muestran más comprensivos y el grado de aislamiento institucional de la huelga es menor. En ese sentido, el conflicto de marzo de 2012, ya contra el nuevo gobierno del PP, denotaba una transición al momento actual, una diferenciación social más nítida y amplia contra esa política y sus gestores de la derecha.

En estos cinco años de crisis económica y sus graves consecuencias sociales y los casi tres años desde el comienzo de los planes de ajuste y austeridad, se han generado importantes resistencias sindicales y ciudadanas, protagonizadas por el sindicalismo, el movimiento 15-M (incluido el 25-S) y otros grupos sociales y políticos progresistas, a veces con falta de sintonía pero con elementos convergentes. El proceso sociopolítico, con diversos altibajos y componentes ambivalentes y de fragilidad, ha sido de consolidación y refuerzo de un campo social relevante contra esa dinámica regresiva, con un respaldo popular mayoritario (incluso la simpatía hacia el movimiento 15-M llega a los dos tercios de la ciudadanía, que contrasta con la desconfianza mayoritaria hacia las élites políticas y financieras).

Es improbable que, aun con ese cierto incremento participativo, esta movilización general consiga impedir, de forma inmediata, las políticas de recortes sociales adoptadas por el Gobierno del PP, que cuenta con un respaldo parlamentario mayoritario y el aval de la Unión Europea. Igualmente, visto desde el plano europeo, todavía no existen fuerzas sociales suficientes en los países periféricos y menos en los países centrales, para imprimir un giro a la política liberal-conservadora dominante en las instituciones europeas e impulsada por Alemania. Las movilizaciones sindicales planteadas en el centro y norte de Europa reflejan cierta solidaridad y oposición a las políticas de austeridad de la Unión Europea, son un primer paso, pero son muy limitadas. Existen todavía importantes límites e insuficiencias de los sectores y agentes sociales que reclaman otra orientación, más equitativa, solidaria y respetuosa con la ciudadanía. Comparado con el gran poder económico, mediático e institucional que ampara esas políticas europeas, la capacidad ciudadana y de las izquierdas para forzar un cambio sustancial y rápido, es débil.

No obstante, como vemos en España y otros países del sur europeo, es creciente y muy amplio el proceso de deslegitimación de esas medidas regresivas y de desconfianza hacia las élites gestoras. Ello supone una erosión relevante de esa gestión antisocial de la crisis y pone de manifiesto el déficit democrático de las grandes instituciones y las élites políticas y económicas. Junto con la evidencia del fracaso de la actual política de austeridad para garantizar el empleo decente y los derechos sociales de la ciudadanía, ese desgaste de su legitimidad y esa presión social por el giro hacia una salida de la crisis más justa y democrática supone un factor significativo para frenar esa dinámica y abrir un horizonte de cambio. Es ya un impacto inmediato positivo y relevante.

El éxito de sus resultados habrá que medirlo también por su significado respecto de su trayectoria y su perspectiva, en el doble sentido de configuración de una ciudadanía crítica y activa y el impulso hacia un cambio de prioridades en la política económica, en defensa del empleo decente y un avanzado modelo social, y una gestión política más democrática, que tenga en cuenta la opinión de la mayoría ciudadana. Implica la democratización de las instituciones públicas, la mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, en la política en sentido amplio, así como la regulación de los mercados desde la soberanía popular y sus instituciones representativas.

De confirmarse este pronóstico, este proceso de huelga general puede ser un paso en ese recorrido, no definitivo ni completamente sólido, pero sí justo, necesario y relevante. Sus efectos inmediatos pueden conllevar un mayor desgaste social de la política de ajustes regresivos, una menor credibilidad de las opciones conservadoras, un freno a medidas impopulares. La mayor o menor dimensión de la participación de la ciudadanía va a incidir en la mayor o menor firmeza y determinación en la pugna social y democrática por promover y culminar un cambio de ciclo sociopolítico y de estrategias económicas, a definir por los sindicatos y los distintos agentes sociales y políticos, cuyo devenir y recomposición también se verán afectados. Será otro elemento significativo que incida en ese aspecto, a considerar en otro momento. De inmediato el compromiso es con la masividad y legitimación de esta movilización ciudadana y progresista.