01. EDUCACIÓN
3.000 millones de recorte que significan menos becas y menos docentes

Los 3.000 millones de euros que el Gobierno ha recortado en Educación se traducen en una merma en la calidad y el acceso a la enseñanza. Hay menos profesores (cerca de 20.000 según Comisiones Obreras), menos ayudas para la compra de libros de texto (el presupuesto ha descendido en un 76%) y menos becas de comedor (muchas comunidades han limitado el acceso a estas ayudas a colectivos con dificultades económicas y algunas incluso cobran a los para que los alumnos lleven el tupper al colegio). Otras cosas, directamente, han desaparecido, como el Plan Proa (para potenciar el rendimiento escolar), el programa Educa3, para construir centros de educación infantil, o el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza. Lo único que crece es el número de niños por aula (un 20%), las horas lectivas de los profesores, el precio de las matrículas universitarias, hasta el 50%, y la nota para acceder a una beca.

Aunque la reforma sanitaria todavía no ha terminado, los inmigrantes ya se han quedado sin acceso a la atención gratuita, los jubilados han comenzado a pagar en las farmacias, o 425 medicamentos han dejado de estar financiados. Todo ello para ahorrar los 7.000 millones que el Gobierno recortó en la partida de 2012. Para 2013, este departamento ha recibido un mayor recorte del 22,6%. Las comunidades intentan contribuir a este ahorro, implantando el euro por receta o privatizando hospitales. También queda pendiente saber si servicios como las mamografías o el  aborto terminan siendo excluidos de la cartera básica. En este último caso, la decisión dependerá de Ruiz-Gallardón, que pretende restringir este derecho. El PP también ha recortado un 33,11% el presupuesto para políticas de igualdad y la prevención en violencia de género. De 61.523,14 euros que recibió en 2011 ha pasado a 41.150,15 euros. Esta situación ya ha afectado a medidas como las campañas preventivas que fomentan que las víctimas denuncien. También está en peligro la investigación y prevención contra el VIH.

El Gobierno ha administrado los recortes en Dependencia en tres dosis. A principios de 2011, Sanidad ya anunció que los dependientes moderados no entrarían en el sistema hasta el año próximo. El segundo tijeretazo fue en marzo de 2012 y más que un tijeretazo fue una amputación, porque el Ejecutivo de Rajoy se cargó de un plumazo una de las dos partidas con las que se financia la Dependencia: los 283 millones que se repartían entre las comunidades autónomas cada año, un 15% de la inversión total. En principio, ese dinero se destinaba a infraestructuras y gestión, pero dada la escasez de recursos, las comunidades usaban esa partida para atender a las personas. Los sindicatos aseguran que este recorte ha dejado a 256.000 dependientes sin ayuda. Cuatro meses después, el Gobierno recortó un 15% la paga que reciben los cuidadores de los dependientes y además dejó de hacerse cargo de su pago a la Seguridad Social.

El marco laboral instaurado por el PP da poder a las empresas para que despidan por causas económicas y sin tutela judicial con 20 días de indemnización por año trabajado y con un máximo de doce mensualidades cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos. Para conseguir la indemnización de 33 días, los trabajadores tienen que pelear ante el juez. Esta reforma ni ha creado empleo –a los seis meses de su aprobación la contratación había caído un 4,4%–, ni ha frenado la destrucción de puestos de trabajo –los ERE aumentaron un 72% según el Ministerio de Empleo–. El PP también ha tocado la negociación colectiva, pues si un convenio no se renueva en dos años, se pierden los derechos adquiridos. Además, los empresarios pueden rebajar los salarios cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

El drama del desempleo es una de las caras más amargas de la crisis económica. El tercer trimestre del año volvió a engrosar la lista de parados hasta alcanzar la cifra de 5.778.100 personas, según la EPA. La tasa de desempleo se sitúa en el 25,02% y la situación continúa siendo dramática para los jóvenes: siguen siendo más los que quieren trabajar y no pueden (52,3%), que los que tienen un empleo. A pesar que desde la llegada al Gobierno del PP, hay medio millón de desempleados más (504.500), Rajoy ha adelgazado la cobertura social. El pasado julio redujo  las prestaciones a los parados a partir del sexto mes (del 60% al 50% de la base de cotización). Además, los Presupuestos para 2013 recogen un recorte de 1.800 millones en las políticas de fomento del empleo, entre las que se encuentra la ayuda a los 400 euros para parados de larga duración que el Gobierno no se ha comprometido a mantener a partir de febrero de 2013. 

'El PP no va subir los impuestos' repitió a lo largo de la campaña electoral de 2011 el entonces candidato Mariano Rajoy. Una vez en el Gobierno,el PP sólo tardó una semana en incumplir sus promesas electorales. El 30 de diciembre de 2011, en su primer consejo de ministros, el Ejecutivo de Rajoy anunció la subida del IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Sólo fue el principio de una larga lista de incumplimientos en materia fiscal: en marzo el Gobierno aprobó una amnistía a los defraudadores que rechazó cuando estaba en la oposición; en julio subió el IVA (el tipo general pasó del 18% al 21%) y en septiembre, acuciado por el descenso de los ingresos públicos, retocó ligeramente al alza el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, lo que no ha hecho el Gobierno ha sido crear un impuesto a las grandes fortunas, tal como le han pedido numerosos colectivos sociales; tampoco ha tocado la fiscalidad de las Sicav (que tributan al 1%). Sí se ha atrevido, en cambio, a introducir el repago en los medicamentos o nuevas tasas judiciales sobre todo a la hora de recurrir una sentencia. 

El pago por los intereses de la deuda del Estado alcanzará en 2013 su nivel más alto en quince años, medido en comparación con el PIB. Esto es, los gastos financieros serán de 38.590 millones de euros, equivalentes al 3,22% de la riqueza nacional, según se desprende de las cifras adelantadas por los miembros del Gobierno a finales del pasado septiembre. La cifra, además, supone casi duplicar el gasto que había justo antes del estallido de la crisis: en 2007, la partida de los presupuestos para los gastos financieros era de 14.996 millones. De hecho, según recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, la partida que el Ejecutivo destinará a pagar los intereses de la deuda en 2013 aumentará en 9.742 millones con respecto a 2012.

Partidas por la mitad. Así se han quedado, tan sólo en 2012, las cuantías destinadas a Cooperación y Ayuda al Desarrollo. Ello supone el mayor recorte realizado desde 1997, lo que tendrá graves consecuencias entre los más débiles de la población. En 2013, el Ministerio de Asuntos Exteriores destinará 523,37 millones a ayudar a terceros países, lo que supone un descenso del 23,4% en comparación con los 683 millones del año anterior.  A ello se suma la cada vez más mínima aportación de comunidades y ayuntamientos, que deben más de 70 millones a las ONG que colaboran intentando evitar que 'quienes aquí pagan los recortes con el paro, los paguen con la muerte en el resto del mundo', en palabras de la presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. 

Las subvenciones y préstamos en I+D+i han sido una de las partidas más damnificadas desde la llegada al Gobierno del PP. El primer tijeretazo llegó en diciembre de 2012, cuando el Ejecutivo recortó 600 millones de euros en las dos partidas que componen el grueso del capital que el Estado dedica a financiar los proyectos e investigación del país. Los PGE para 2012 tampoco dejaron cifras positivas, pues Rajoy recortó 2.000 millones de euros para políticas de I+D+i, que se redujeron un 25,6% respecto a 2011. Para 2013, aunque el presupuesto para investigación civil sólo se redujo 70 millones respecto a los 5,6 millones de 2012, sí hubo un recorte de 340 millones en subvenciones. Según la Comisión Sectorial de I+D de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), estos recortes se traducirán en el suicidio aplazado de la productividad económica de España.

La subida del IVA y el recorte presupuestario han dado la puntilla a la industria cultural. El Gobierno, tras el drástico tijeretazo, ha propuesto que las ayudas lleguen a través de los empresarios, para lo que está impulsando una Ley de Mecenazgo hasta ahora vaga e inconcreta. El público ya paga el 21% de IVA por asistir a espectáculos, en vez del 8%. Quienes también tendrán que hacer números serán los organizadores de festivales, que han visto mermadas o directamente denegadas las subvenciones públicas. Las partidas del Instituto de la Cinematografía y Artes Visuales (ICAA) han sido reducidas un 30% y las del Fondo de Protección a la Cinematografía, un 20%. Esto, de cara al 2013, pero los productores todavía no han cobrado las ayudas a las películas estrenadas en 2011. El pufo es de 56 millones de euros y, aunque el Gobierno se ha comprometido a pagarlas, en la caja sólo hay 39,28 millones. No le ha ido mejor al Teatro Real o al Museo del Prado, ambos con un presupuesto un 30% inferior, mientras que el Thyssen Bornemisza deja de recibir un 33% y el Reina Sofía, un 25%. En cuanto a la industria editorial, la Red de Bibliotecas del Estado contará con un 60% de presupuesto menos.  

*Elaborado por Paula Díaz, Anna Flotats, Elena Herrera, Henrique Mariño y Jorge Otero.