El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha impuesto una fianza global de más de 10,5 millones de euros a los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que fueron objeto de una querella de la Fiscalía Anticorrupción por repartirse indemnizaciones millonarias  --de al menos 7,8 millones de euros-- en plena crisis y con la entidad en pésimas condiciones.

Fuentes jurídicas señalaron que la fianza se impone para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias que puedan imponerse a los cinco imputados, que son José Luis Pego Alonso, Oscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán Lanza y Francisco Javier García de Paredes Moro, quienes se apropiaron del dinero, más el expresidente de Caixanova y excopresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, a quien se atribuye cooperación necesaria por haber autorizado los desembolsos. Si no constituyen las fianzas, serán embargados en cuantía suficiente para cubrirlas.

Según un auto conocido este martes, se imponen 7.021.352,57 euros al que fuera  director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; 1.218.136,53 euros a  Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas; 347.920,02 euros  a Óscar Rodríguez Estrada, uno de los responsables de la oficina de integración; y 1.925.222,90 euros al exdirector general de la caja única, José Luis Pego. Además, el juez requiere igualmente al que  fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso los mismos importes como responsable civil solidario. 

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción consideran que, en esta fase inicial, hay indicios de que los querellados acordaron mejorar  sus contratos de alta dirección, en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales, con menoscabo del patrimonio de la entidad bancaria, con abuso de las funciones del cargo y pleno conocimiento de la difícilima situación económica por la que atravesaba la entidad.

 El magistrado justifica su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad a tenor de lo contenido en los informes periciales obrantes en la causa, de la que se desprende, 'al menos por ahora', que los cuatro exdirectivos 'con la cooperación de Gayoso', podrían haber actuado de forma delictiva aprovechando la fusión entre Caixagalicia y Caixanova 'en su propio beneficio y para asesgurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad resultante, en menoscabo del patrimonio' de la entidad, que fue nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011.

Así,  percibieron 'elevadas sumas dinero con ocasión del cese de sus actividades en la citada entidad bancaria' al amparo del contenido de las  mejoras introducidas por ellos mismos en los contratos de alta direción. Por ello, considera que al menos indiciariamente abusaron de las funciones de su cargo pese a conocer 'la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia'.

Igualmente, Moreno señala que los imputados conservan su capacidad de actuar, así como la libre disposición de sus bienes, 'con lo cual podrían eludir su posible responsabilidad patrimonial derivada de una actuación punible, lo cual podría frustar, impedir o dificultar la efectividad de la tutela, y con ello el buen fin del proceso que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria'.

Moreno, que admitió a trámite la querella contra los cinco exdirectivos el pasado mes de junio, considera que todos ellos actuaron 'con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia', nacionalizada y transformada en banco en septiembre de 2011. La Fiscalía les reclama la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.

En su querella, Anticorrupción apunto que los exdirectivos 'dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)'.

El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su 'verdadera' situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. En el caso de García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 --momento en que se podría jubilar--, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gorriarán y 260.940 euros a Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado para el próximo 16 de noviembre al actual presidente de Novacaixagalicia Banco, José María Castellano, para que declare en calidad de testigo en la causa que investiga las prejubilaciones millonarias que recibieron varios exdirectivos de la entidad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En un auto, dictado el pasado miércoles, el juez instructor llama a declarar para el próximo jueves, 8 de noviembre, a dos inspectores del Banco de España para que declaren como testigos expertos sobre un informe que obra en las diligencias previas.

Además, el juez escuchará a partir del 13 de noviembre el testimonio de los tres vocales del Consejo de Administración que votaron en contra de las compensaciones investigadas.