Lunes, 1 de enero. El president de la Generalitat de una Catalunya que inicia su independencia llama al conseller de Finanzas para que le muestre las cuentas. Y probablemente lo que encuentre en los números no sea el mejor escenario esperado. Al contrario. Expertos y analistas advierten de las dificultades que tendría para gestionar las cuentas públicas catalanas tras la segregación. En resumen, más deuda y más déficit, y las reticencias de los inversores internacionales hacia un territorio muy previsiblemente fuera del euro e, incluso, de la Unión Europea.

Una Catalunya independiente, al separarse, debería asumir la cuota parte de la actual deuda pública del Estado. Tomando las últimas cifras del Banco de España, correspondientes al pasado junio, el endeudamiento de la Administración central del Estado alcanza los 617.730 millones de euros; si se repartiese entre las comunidades por su cifra de habitantes, a Catalunya le tocarían 97.862 millones, que representa cerca del 49% de su PIB. A esto habría que añadir el peso de su actual deuda autonómica, la de la administración y la de las empresas públicas, que suponen el 22% y el 3,2% de su PIB, respectivamente. Total, más del 74% (curiosamente, más que el peso relativo del endeudamiento que le quedaría a España sin Catalunya, un 65,8% del PIB).

La Catalunya independiente no sólo asumiría más deuda, sino que tendría nuevos gastos; unos que ahora se cubren con la caja común, y otros por la nueva estructura que previsiblemente pondría en marcha como territorio soberano. Para empezar, tendría que hacer frente a los gastos financieros de la mayor deuda asumida: teniendo en cuenta el tipo medio actual de la deuda del Estado en circulación, el 4,08%, el pago de los intereses supondría unos 3.950 millones anuales (casi el doble de los gastos financieros previstos en el presupuesto de la Generalitat para 2012, 2.400 millones). También tendría que hacer frente directamente al pago de las pensiones, y a fecha de hoy las cuentas de la Seguridad Social en Catalunya arrojan un déficit de unos 2.745 millones de euros (en unas declaraciones a la radio esta semana, el president de la Generalitat, Artur Mas, prometió que las pensiones sería mayores con la independencia); igualmente, tendrá que abonar las prestaciones por desempleo, una factura que supone un gasto anual de alrededor de 4.700 millones anuales; y los expertos calculan que con las actuales cotizaciones no se cubre el gasto de la cobertura del paro (habría un desfase de entre 250 y 500 millones).

Además, una Catalunya independiente tendría, como nuevo Estado, un servicio de política exterior y una estructura propia de defensa militar. Trasladando el actual presupuesto de estos dos ministerios al territorio segregado, de acuerdo con el peso de su PIB, supondría un nuevo gasto de cerca de 1.500 millones de euros.

Cierto que el nuevo Estado se quedaría íntegramente con los impuestos que se generan en el territorio. Ahora, la Agencia Tributaria recauda unos 32.000 millones en Catalunya; dinero que sería para el nuevo Estado, si se mantiene la estructura fiscal (el president insinuó el pasado viernes, en una reunión con representantes de las pymes catalanas que, con la independencia, que rebajaría los impuestos). En 2102, los ingresos de la Generalitat presupuestados superan los 24.750 millones. La recaudación íntegra para las arcas catalanas supondría unos recursos adicionales de unos 7.250 millones. Pero son insuficientes para cubrir los nuevos gastos. Se quedan cortos en unos mil millones; esto es, el déficit aumentaría, al menos, en medio punto de PIB catalán.

Los analistas internacionales han hecho estos o parecidos números. Con conclusiones similares. El mayor banco suizo UBS ha realizado recientemente un informe en el que dice que los efectos de la independencia para la economía catalana serían 'fúnebres y desastrosos', en un informe enviado a sus clientes. Según sus estimaciones, la Catalunya independiente tendría un déficit público del 4% del PIB, lo que, con el volumen de deuda estimado, le deja fuera de los requisitos para pertenecer a la zona euro. Suponiendo que se pudiera mantener en la UE, algo que para los analistas del banco británico RBS está por ver. 'Las consecuencias legales de este movimiento [como miembro de la UE] no están claras', dice en un informe. La firma japonesa Nomura subraya la 'dependencia de los fondos estatales' que tiene actualmente Catalunya, lo que provoca dudas sobre la posibilidad que pueda hacer frente al pago de su deuda. En la misma idea insiste la suiza UBS, que apunta que la Generalitat tiene que recurrir al fondo de rescate del Gobierno (el Fondo de Liquidez Autonómico) porque no tiene acceso a los mercados financieros.

Estas firmas son las que marcan, en muchos casos, las opiniones de los inversores internacionales. Y en 2013 vence gran parte de la deuda autonómica, y la Generalitat puede seguir encontrando con muchas dificultades para refinanciarla. Agencias de rating, como Standard & Poor's, tiene calificada la deuda catalana como bono basura, de elevado riesgo. Y el diferencial de los títulos catalanes supera los mil puntos respecto a la deuda alemana.