El exdirector general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Francisco Javier García de Paredes, ha defendido este lunes, en su declaracion como imputado ante la Audiencia Nacional, que su prejubilación por importe de 5,27 millones de euros fue 'legal', y que incluso ahorró dinero al banco al cobrarla de forma acumulada.

García de Paredes ha declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno como imputado en delito de administración desleal o, alternativamente, apropiación indebida, por haber mejorado supuestamente su prejubilación sin informar al consejo de la entidad resultante de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.

En este caso también están imputados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, así como el excopresidente de la caja, Julio Fernández Gayoso, que comparecerán a lo largo de esta semana y el lunes próximo.

A la salida de la declaración, uno de los abogados de la acusación particular ha señalado que el imputado ha defendido que toda su gestión fue 'legal' y 'correcta'.

Además, ha añadido que incluso hizo un favor al banco al cobrar su prejubilación de forma anticipada y acumulada, ya que le permitió ahorrarse más de un millón de euros en intereses. La Fiscalía Anticorrupcion, autor de la querella contra estos exdirectivos bancarios, cree que los cobros fueron y que García de Paredes debe devolver la mayor parte del importe, 5,27 millones de euros.

El abogado ha asegurado que García de Paredes ha incurrido en 'varias contradicciones' durante su declaración, entre ellas que defendía al mismo tiempo que la entidad tenía beneficios, cuando no pagaba los intereses de las preferentes. Tanto García de Paredes como sus abogados se han negado a hacer declaraciones a la salida de la Audiencia Nacional.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, Pego, Rodríguez Estrada, Gorriarán y García de Paredes cobraron en total 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida y gracias, en teoría, a la colaboración de Fernández Gayoso.

Según relata Anticorrupción, Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, entonces directivos de Caixanova, firmaron el 20 de octubre de 2010 contratos en los que se habría alterado supuestamente el concepto de la renta vitalicia total que iban a cobrar a su salida de la entidad, que a partir de entonces incluiría como retribución fija la parte del salario variable.

En el primer consejo de la entidad resultante de la fusión (ahora llamada Novagalicia Banco), en 2010, Gayoso comunicó la firma de los nuevos contratos con Pego, Rodríguez Estrada y Gorriarán, aunque no informó sobre la modificación de su contenido.

De este modo, el Consejo acordó ratificar y subrogar estas retribuciones, pensando supuestamente que eran las que con anterioridad les correspondían. Además, ese Consejo acordó la firma de un contrato con Francisco Javier García de Paredes Moro, antiguo directivo de Caixa Galicia, 'en las mismas condiciones' de las que ya disponían los tres mencionados altos directivos, según la recomendación de Fernández Gayoso.

Según los primeros indicios, los directivos habrían abusado de las funciones de su cargo 'en pleno conocimiento de la dificilísima situación por la que atravesaba la entidad crediticia', que finalmente fue intervenida en 2011.