El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reconocido que es 'difícil' establecer de forma general que hubo 'un negocio de estafa' en la comercialización de las preferentes por parte de entidades bancarias al sustentarse la relación entre cliente y entidad en un contrato civil.

No obstante, ha admitido que hay 'excepciones' en situaciones 'concretas', como los referidos a clientes de preferentes que firmaron con una cruz o la huella dactilar, o que eran personas discapacitadas o en los que se constate que hubo falta de información.

'Esas situaciones hay que investigarlas desde el punto de vista penal', ha señalado Torres-Dulce, quien ha añadido que 'es difícil establecer que un producto financiero con ese nivel de relación --ha indicado en relación a los contratos civiles-- pueda entenderse como un negocio de estafa'.

Preguntado por las posibilidades de que los perjudicados perciban su dinero, ha indicado que 'no todo es el derecho penal' y que también queda la vía civil. Asimismo, ha respaldado el arbitraje y ha insistido en que defenderá 'cualquier elemento para que los inversores privados puedan recuperar el dinero'.

Sobre el recurso de la Fiscalía Superior de Galicia contra el auto del juzgado que ha aceptado, respecto de su demanda colectiva, las acciones de cesación de este tipo de contratos, pero ha rechazado la nulidad de los firmados y el resarcimiento de los perjudicados, ha admitido que la legislación sólo otorga a la Fiscalía 'las acciones de cesación'.

 Sin embargo, ha señalado que con el planteamiento de la Fiscalía Superior de Galicia se ha buscado 'intentar explorar alguna posibilidad más' en beneficio de los 'intereses sociales', ha apuntado en referencia a la situación de los afectados por las preferentes.