La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, calificó hoy de 'intolerables' los insultos proferidos contra el juez Santiago Pedraz y reclamó que 'deben de cesar de inmediato'. Sin citar al portavoz popular Rafael Hernando -para quien Pedraz actuó como un 'pijo ácrata' ni a ningún otro político-, Gabriela Bravo declaró este viernes que 'las críticas que invaden la esfera personal mediante descalificaciones que atentan contra el respeto que merece la dignidad personal constitucionalmente garantizada son intolerables'.

Para Bravo, 'de haberse producido un exceso en los términos empleados en dicha resolución (la de Pedraz), en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal dirigido contra el juez que la dicta'. Añade la portavoz que si en el auto de Pedraz archivando la causa contra promotores del 25-S hay elementos que hayan molestado a personas implicadas o ajenas al proceso, 'hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos reglados para corregirlo'.

La asociación Jueces para la Democracia ha hecho un llamamiento a la Fiscalía para que investigue si los insultos y expresiones vejatorias de algunos responsables políticos contra el juez Santiago Pedraz por justificar en un auto el 25-S ante la 'decadencia política' pueden constituir una infracción penal. Así lo ha dicho a Efe el portavoz de la progresista JpD, Joaquim Bosch, que ha considerado 'inadmisibles' e 'impropias' de quienes ocupan cargos públicos las descalificaciones de algunos dirigentes del PP, como su portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, que le calificó de 'pijo ácrata'. La asociación considera que la frase de Pedraz se ha sacado de contexto y que no se trata de una opinión propia del juez, sino un análisis de la intención de los promotores del 25S en un contexto social y desde una percepción ciudadana de decadencia de la clase política.

'Las resoluciones pueden y deben ser criticadas, pero siempre con argumentos jurídicos, y no con descalificaciones personales', ha dicho Bosch, que cree que ha resaltado también la grave discordancia entre la actuación de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ante la manifestación y la investigación de Pedraz que no ha encontrado ninguna infracción penal en los promotores del 25S.

Ante las críticas recibidas por Pedraz, Bosch ha recalcado que JpD pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ampare a los magistrados ante estos ataques a la independencia judicial, y a la Fiscalía que investigue si los insultos al juez constituyen alguna infracción penal. No llega tan lejos el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, que, aunque entiende que la frase del juez sobre la decadencia política ha sido 'superflua' e 'innecesaria', cree también que pretender que tenga mayor trascendencia, al margen de haber sido desafortunada, es hacer un ejercicio de 'tremendismo'.

Desde el Foro Judicial Independiente (FJI), Ángel Dolado, ha indicado que su asociación ni critica ni alaba las resoluciones judiciales, aunque reconoce que no es normal que en un auto se utilicen expresiones de esa naturaleza y cree que puede haber habido un 'exceso de pluma' por parte del juez. No obstante, también Dolado, como el resto de los portavoces de las asociaciones judiciales, considera que la crítica hacia la persona también ha sido excesiva. Dolado entiende que existe el derecho a acudir al CGPJ si alguien entiende que el magistrado ha incurrido en una falta grave por la utilización de expresiones extravagantes o irrespetuosas en una resolución judicial, pero añade que será el consejo quien tenga que valorar si eso ha ocurrido.

El sindicato ultraderechista Manos Limpias ha tardado 24 horas en denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial al juez Santiago Pedraz, al considerar que ha criticado a los políticos y denigrado a la Policía en el auto de archivo de la causa contra los promotores del 25-S. Los denunciantes sostienen que el magistrado ha cometido una falta disciplinaria grave, que se castiga con multa económica de hasta 6.000 euros.

La denuncia señala que el juez cometió faltas de los artículos 418.3 y 418.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por sus referencias a la 'decadencia de la denominada clase política' y las críticas a los excesos de funciones y alarmismo de la Policía en relación al 25-S.

El artículo 418.3 castiga como falta grave 'dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición'.

Mientras que el 418.6 señala como infracción 'la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico. En este caso, el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso'.

Luego esta última sanción sólo podría ser estudiada por el Consejo si la denuncia partiese de la Sala de lo Penal de la Audiencia, y sólo en el caso de que alguna de las partes recurriese el auto de Pedraz. En este sentido, y en lo referente a esta última falta, la denuncia de Manos Limpias es inoperante porque no el sindicato no está legitimado para formularla.

Ahora la denuncia será analizada por el Servicio de Inspección del Consejo del Poder Judicial, que puede rechazarla de plano o remitirla a la Comisión Permanente para que decida si procede incoar un expediente disciplinario.