Aparte de archivar la causa contra ocho promotores de las protestas del 25-S, el juez Santiago Pedraz da pistas en su auto de lo que piensa de la investigación abierta por la Policía a los 35 detenidos tras la manifestación, que califica en momentos de 'sorprendente' o errónea.

El magistrado revela que la Policía, nueve días después de los hechos, le ha enviado este jueves un oficio señalando que 5 de los 35 arrestados, que pasaron a disposición de los Juzgados de Madrid, pudieron cometer delitos contra las instituciones del Estado.

El juez Santiago Pedraz destaca que la 'sorprendente' comunicación de la Brigada de Información de la Policía de Madrid constituye un 'exceso en las funciones propias de la Policía Judicial', ya que no puede pretender ahora nuevas imputaciones de delitos después de que, el pasado 27 de septiembre, acordara poner a los 35 detenidos a disposición de los Juzgados ordinarios de Madrid, que no son competentes en los mismos.

Además, el magistrado aprovecha la resolucion para aclarar que él no ha aceptado o rechazado la competencia sobre la causa abierta a esos 35 detenidos, sino que fue la Policía la que en su atestado dijo que les acusaba de atentados, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos, todos ellos competencia de los juzgados ordinarios.

Pero el juez Pedraz ya avanza su opinión sobre las personas que saltaron el 25-S las vallas del perímetro de seguridad del Congreso. Primero resalta que el perímetro de seguridad estaba alejado de la sede parlamentaria. Y segundo, y más importante, que 'no cabe deducir que intentar saltarse o pretender rebasar el perímetro implique querer entrar en el edificio (lugar cerrado) pues puede pensarse también que sólo se quisiera llegar a las puertas o simplemente 'rodearlo' o 'cercarlo' como expresaba la convocatoria'.

Añade que no hay elemento indiciario alguno en las actuaciones del que pueda colegirse que existiera intención de acceder al Congreso. Tampoco consta que se impidiese la salida del Parlamento a ningún diputado, aunque ello no está castigado dentro de ningún delito contra las instituciones del Estado, como tampoco lo están el lanzamiento de objetos o agresiones a la Policía.

De momento, la juez de Madrid responsable de la investigación sobre los 35 detenidos ha acordado remitir la causa a Pedraz al apreciar indicios de delitos contra las instituciones del Estado. Sin embargo, la Fiscalía de Madrid sólo apoya esa decisión en relación a seis detenidos. Una vez que la resolución de la juez sea firme --todos los implicados pueden recurrirla--, el juez Pedraz deberá decidir si es competente, y en caso de hacerse con la competencia, acordar o no el archivo.