La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha aprobado este miércoles 3 de octubre junto a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas el proyecto que establece los requisitos básicos del Convenio Especial de Prestación de Asistencia Sanitaria a suscribir por personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Esta medida pertenece a la reforma sanitaria que impulsó Sanidad que retiró la tarjeta sanitaria los inmigrantes en situación irregular desde el pasado 1 de septiembre. Para formalizar su atención sanitaria, la ministra de Sanidad anunció que los 'sin papeles' deberían abonar entre 710,4 euros al año y 1.864,8 euros para poder ser atendidos en la sanidad pública. La consejera andaluza María Jesús Montero cree que esta medida 'supone una exclusión de estos colectivos de la atención público sanitaria', según ha declarado al comienzo del encuentro. Otros colectivos como los menores de 26 años que no hayan cotizado y las mujeres divorciadas también podrían quedarse fuera del sistema sanitario público.

Según este proyecto, los ‘sin papeles' tendrían que hacerse cargo de la compra de medicamentos así como del transporte sanitario y las prótesis externas. Además, algunas comunidades como Castilla-La Mancha proponen que el precio del seguro pueda variar en cada territorio, de forma que pueda ser superior a lo establecido por Sanidad.

El ministerio de Ana Mato plantea este proyecto como una guía para las comunidades autónomas, sin embargo todavía no está definida la obligatoriedad de las normas que la componen, puesto que algunos territorios se han declarado objetores y mantienen la asistencia primaria a los inmigrantes en situación irregular que excluye esta reforma.

La secretaria de Estado, Pilar Farjas, ha considerado que el Presupuesto de Sanidad para 2012 es 'austero' pero asegura que está 'enmarcado en el compromiso con las personas y las políticas sociales'. Ha señalado también que la ratificación de la medida que excluye a los 'sin papeles' da respuesta a los 'problemas detectados por el Tribunal de Cuentas' en 2009 y considera que esta reforma es la solución al 'turismo sanitario'.

Se mantiene la gratuidad de las mamografías

Los consejeros, junto con Ana Mato, no han tratado cuáles son las materias que dejan de ser gratuitas en el próximo año 2013. En un principio se barajaba la revisión de la gratuidad de las mamografías, el transporte no urgente y el aborto voluntario.

El responsable de Sanidad del PP y consejero de Castilla- La Mancha, José Ignacio Echániz, ha asegurado que las mamografías no se van a revisar pues 'esa es la voluntad del Ministerio'. Ha calificado esta prueba como un mecanismo de prevención del cáncer de mama, la que considera una 'enfermedad prevalente'. Sin embargo, sobre el transporte no urgente y el aborto voluntario no se ha pronunciado.

Durante el Consejo también se ha aprobado el proyecto de orden por la que crea y se regula el funcionamiento de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, un órgano que se encargará de actualizar la cartera de servicios y que pretende incluir avances tecnológicos seguros, eficaces y eficientes.

El presupuesto destinado para Sanidad se ha reducido entre un 13% y un 15% por el Gobierno de Mariano Rajoy, un recorte que resta 'fortaleza' al sistema sanitario público español, según la consejera andaluza, María Jesús Montero.

Un comité de bioética de 'composición conservadora'

La elección del nuevo comité de bioética también se ha tramitado en este consejo y algunas comunidades critican que tiene una 'composición conservadora'. Andalucía opina que sus miembros están 'acorde con la ideología del Gobierno', una idea que ha compartido el consejero de Euskadi, Rafael Bengoa.

Durante esta reunión también se ha ratificado el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

Por primera vez, la ministra Ana Mato no ha comparecido tras la reunión para exponer los puntos de acuerdo que han concretado durante el Consejo Interterritorial.