El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a la página web del Congreso de los Diputados el diario de sesiones correspondiente al pasado 25 de septiembre. El magistrado quiere comprobar documentalmente que la manifestación 'Rodea el Congreso', desarrollada ese día, no alteró el normal funcionamiento de la Cámara, lo que descartaría un delito contra las altas instituciones del Estado.

Las 76 páginas del diario de sesiones del Congreso que recogen lo sucedido en el Pleno del 25 de septiembre, están disponibles en la web de la Cámara para cualquier ciudadano desde el pasado 26 de septiembre. 

La sesión se inició a las 16.05 horas y terminó a las 22.50, votándose dos proposiciones de ley, dos no de ley, y tres mociones. No se recogen incidencias en el funcionamietno de la sesión provocadas por la manifestación, ni por ninguna otra causa.

El juez Pedraz ha decidido comprobar personalmente este diario de sesiones, requiriendo al Congreso a través de su web que se lo envíe. Lo hace en el marco de las diligencias que tiene abiertas contra ocho supuestos promotores de la manifestación del 25-S, a quienes ha citado a declarar el próximo jueves día 4 como imputados en un delito del artículo 494 del Código Penal.

El citado artículo señala que 'incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento'.

La intención del juez es estudiar el desarrollo de la sesión con la intención de comprobar si las protestas alteraron en alguna medida su normal funcionamiento. Ese detalle es necesario para mantener o, en su caso, levantar la imputación a las ocho personas citadas a declarar. 

Tras las manifestaciones del 25-S, el mismo juez Pedraz no apreció indicios de delitos contra las altas instituciones del Estado en la actuación de las 34 personas detenidas por la Policía, por lo que recabó que pasasen a disposición de la justicia ordinaria.

Sin embargo, la juez de Instrucción de Madrid Rosario Espinosa, en quien recayó la causa, sí ha apreciado esos delitos, en concreto del artículo 493 del Código, que persigue a 'los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos' y prevé para ellos la pena de prisión de tres a cinco años.

Por ello, ha acordado reenviar el caso al juez Pedraz. Si éste mantiene que no es competente, la cuestión sobre quien instruye la causa la decidirá el Tribunal Supremo.