El Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado la partida del presupuesto destinada a la memoria histórica del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este sábado en el Congreso. En las cuentas públicas del año pasado esa dotación ya se había reducido casi un 60%.
En el proyecto de Presupuestos Generales para 2013 que ha presentado hoy en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aparece reflejada la eliminación de los 2,5 millones de euros que financiaban hasta ahora esta rúbrica, lo que supone su desaparición.
En los PGE de 2012, dentro del Ministerio de la Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santamaría se estableció la cantidad de 2,5 millones de euros 'para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisión Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004 de 10 de septiembre'.
En 2011, último año de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, esa partida había sido de 6,2 millones, por lo que se redujo un 59,67%. Fuentes gubernamentales explicaron entonces a Europa Press que este dinero se dedica exclusivamente a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y no a otro tipo de proyectos relacionados con la Ley de Memoria Histórica. Este proceso desembocó en la Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada definitivamente el 10 de diciembre de 2007, con el visto bueno de todos los grupos parlamentarios salvo el PP y ERC.
Sin embargo, en el programa de Relaciones con las Cortes Generales de los Presupuestos de 2013 desaparece la partida destinada a esos gastos de la Comisión Interministerial creada para la memoria histórica.
En marzo del año pasado, el Consejo de Ministros ya aprobó la supresión de la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, un organismo creado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para coordinar la exhumación de desaparecidos. Se acordó que se integrara en un departamento más genérico de Justicia, la División de Derechos de Gracia y otros Derechos.
Por otra parte, en los Presupuestos de 2012 se destinó una partida específica (600.000 euros) para el consorcio encargado de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812, un acontecimiento específico de este año que desaparece por tanto de las cuentas públicas del 2013.
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