Las autoridades españolas deportaron en la madrugada del lunes al martes a los 73 subsaharianos llegados a la isla de Tierra con el único fundamento de un 'principio de acuerdo' alcanzado pocas horas antes por los ministros de Asuntos Exteriores y del Interior con sus homólogos marroquíes. Después de haber esperado varios días antes de tomar una decisión, en cuestión de cuatro horas los agentes de la Guardia Civil hicieron subir a los inmigrantes a patrulleras, los trasladaron hasta la costa marroquí (a tan sólo 30 metros del islote del archipiélago de Alhucemas) y regresaron a territorio español. La operación, justificada para 'evitar el efecto llamada', fue calificada de 'éxito' por el Ejecutivo, que no ha dado más detalles sobre las condiciones en las que se apoya este procedimiento, denunciado por las ONG y por partidos opositores al violar la Ley de Extranjería y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En principio, la expulsión masiva parecía estar apoyada en un acuerdo bilateral firmado por España y Marruecos en 1992 para la readmisión de migrantes de terceros países llegados a territorio español desde el reino alauí. Así ha sido difundido por diferentes medios durante estos días sin que el Gobierno lo haya desmentido. También desde Interior argumentaron a este diario que el operativo policial de isla de Tierra se llevó a cabo en virtud del acuerdo del 92.

Esa versión, sin embargo, no se ajusta a la realidad. El acuerdo, que sólo ha sido aplicado en un centenar de casos desde su puesta en marcha, 'no está vigente', como han asegurado a Público desde la Delegación del Gobierno en Melilla. El texto tenía una vigencia de tres años, sujeta a renovaciones por el mismo plazo, que Marruecos lleva tiempo aplazando con una posición ambigua sobre el tema.

La devolución de los 73 subsaharianos a Marruecos desde territorio español se realizó, por tanto, en base a unas conversaciones entre ambos países sin tener en cuenta la legislación vigente, que entre otras condiciones, obliga a abrir un expediente para cada persona cuando vayan a ser expulsados, proporcionarles asesoría jurídica, averiguar su procedencia y la posibilidad de que se acojan a asilo.

'Lo que se ha hecho es buscar un acuerdo con Marruecos que permitiera una solución al efecto, un acuerdo ad hoc. Ha sido una respuesta urgente para una situación límite.  El Gobierno actúa convencido de que actúa legalmente, no de manera caprichosa ni arbitraria', han justificado desde la delegación del Gobierno en Melilla.

Inmaculada González García, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, afirma que al Gobierno no le interesa desmentir las informaciones que vinculan su actuación al acuerdo bilateral con Marruecos: 'Es una forma de darle legitimidad, de que exista una cobertura jurídica detrás de la manera en que se ha producido el desalojo', dice.

El único caso de referencia que existe en España con características similares al de la isla de Tierra es el ocurrido tras los asaltos a las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla en octubre de 2005. En esa ocasión, España también devolvió a Marruecos a 73 inmigrantes subsaharianos que habían logrado cruzar la frontera. El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció en el Congreso la aplicación de 'medidas excepcionales de repatriación' un día antes de la deportación. Ante el escándalo provocado por un procedimiento cargado de irregularidades, el Gobierno se vio obligado poco tiempo después a suspender temporalmente las deportaciones de inmigrantes.

La defensora del Pueblo ha pedido a Interior que aclare qué procedimiento se ha seguido

En la situación vivida durante esta semana, el Gobierno sólo informó de unas conversaciones previas con el Gobierno marroquí sin concretar en qué consisten ni sobre qué base jurídica se sustentan.

'Los inmigrantes han encontrado un punto de entrada a través de los islotes que hasta ahora no habían explorado y Exteriores ha decidido cortar por lo sano. Supongo que habrá contraprestaciones para Marruecos a cambio, pero eso no lo vamos a saber nunca', asegura Paloma Favieres, coordinadora de Madrid del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR. 'La entrada a través del Estrecho ha estado siempre vinculada a la relación del Gobierno de turno con Marruecos', añade.

Esta organización, junto con otras ONG, denuncia además que una de las irregularidades más graves cometidas en este caso ha sido la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las deportaciones colectivas.

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, aseguró ayer que ha pedido al Gobierno que explique 'inmediatamente' el procedimiento que se ha seguido en el desalojo de isla de Tiera para conocer si ha seguido con lo estipulado en la Ley de Extranjería.