El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha acordado este jueves suspender los acuerdos por los que varios exdirectivos de la CAM se repartieron cantidades millonarias en concepto de prejubilaciones, ya que le pusieron fecha de 2010 pese a ser de 2011, para evitar su fiscalización. Según indicaba el Banco de España en el expediente abierto a la exdirectora general de la entidad María Dolores Amoros, la cuantía por estas indemnizaciones ascendió a 15,5 millones de euros. 

Además, le juez declara a Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), nacionalizada en 2011 y posteriormente vendida al Banco Sabadell, responsable civil subsidiaria de la supuesta estafa llevada a cabo por la entidad desde 2008 al vender un producto denominado cuotas participativas, similar a las participaciones preferentes, a más de 50.000 clientes.

El magistrado, que instruye la causa contra exresponsables de la Caja alicantina por delitos de falsedad contable, apropiación indebida, estafa y administración desleal, destaca que tres de los acusados, María Dolores Amoros, Roberto López Abad y Modesto Crespo, falsificaron la fecha de los acuerdos por los que ampliaron la cuantía de esos desembolsos, para evitar que fueran detectados en el marco del proceso de fusión de la caja llevado a cabo en 2011. De ese modo, le pusieron fecha falsa de 2010.

El juez destaca que la CAM puede considerarse perjudicada en el caso de los delitos de falsedad contable y apropiación indebida o administración desleal, pero en el caso de la supuesta estafa de las cuotas participativas, los perjudicados son los clientes que las suscribieron, mientras que la caja es declarada responsable civil subsidiaria. Es decir, que si en su día se condenará a los exdirectivos acusados, la entidad tendría que responder patrimonialmente si éstos no pudieran de las indemnizaciones a los afectados.

Acuerdos suspendidos 

Gómez Bermúdez suspende de forma cautelar tres acuerdos dictados por los exdirectores generales de la CAM, María Dolores Amorós, y Roberto López Abad y el expresidente Modesto Crespo a través de lo cuales los exdirectivos de la entidad modificaron en su favor las condiciones de la prestación adicional para percibir jubilaciones e indemnizaciones millonarias.

Los acuerdos son de fecha 22 y 25 de noviembre, y 7 de diciembre, de 2010 y dieron lugar a la ampliación de la cobertura de la Prestación Adicional Asegurada, cuya fecha de firma fue 'antedatada', provocando por ello un perjuicio económico a la entidad.

Según las conclusiones de los peritos de la auditora PricewaterHouse, los tres imputados firmaron en 2011 los documentos, pero les pusieron fecha --falsa-- de 2010 para evitar que fuera revisados en el proceso de fusión que se llevaba a cabo en 2011 de la CAM con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Además, no contaban con la aprobación del Consejo de Administracion, que ya había establecido que el cálculo de esa prestación se haría en base a los tres años anteriores al de la jubilación.

El objetivo de Amorós, López Abad y Crespo era 'evitar que esas prestaciones se determinaran en base a unas futuras retribuciones que iban a disminuir a la vista de la situación real de la entidad' que ya estaba al borde de la quiebra. Los acuerdos beneficiaron económicamente a los cinco imputados en la causa investigada por la Audiencia Nacional: los tres exdirectivos citados, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Los cinco altos ejecutivos se repartieron 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de la ex directora general de la entidad.

Cuotas participativas

Por otra parte, Gómez Bermúdez ha abierto una pieza separada en la causa que investiga las irregularidades cometidas en la gestión de la Caja en la que sitúa a la entidad como responsable civil subsidiaria del posible perjuicio económico provocado a las más de 50.000 personas que adquirieron cuotas participativas.

La CAM, personada en la causa, aparecía hasta el momento en las distintas piezas como perjudicada por la gestión de la directiva encabezada por los imputados López Abad y  Amorós. El magistrado mantiene imputadas a otros cuatro exdirectivos de la entidad.

El magistrado considera que la caja es perjudicada ante la presunta comisión por parte de los hasta ahora imputados de la comisión de delitos de falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal y, por tanto, en este caso su personación sería correcta en este caso como acusación particular.

'Por el contrario la CAM sería responsable civil subsidiaria del presunto delito de estafa, cuyos perjudicados serían los titulares de cuotas participativas de la CAM', dice el juez en su auto. El actual propietario de la entidad es el Banco Sabadell, que la adquirió en subasta pública por un euro.