El Gobierno de Murcia (PP), ha anunciado hoy que la futura television murciana será gestionada de 'forma directa' por el sector privado, tras la rescisión del contrato con el grupo GTM, concesionario desde su creación en 2006 del canal 7RM. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa el vicepresidente económico del Gobierno murciano, Juan Bernal, y el consejero de Presidencia, Manuel Campos, que han comparecido junto a altos cargos de sus departamentos y al director general del ente público, José Daniel Martín, tras reunirse con trabajadores de La 7.

El contrato con GTM, según Bernal, se rescindirá con fecha 31 de agosto con el objetivo de empezar a trabajar en la redacción de un nuevo concurso de adjudicación del servicio público audiovisual, que podría resolverse en siete u ocho meses. El vicepresidente ha insistido en que esta decisión obedece exclusivamente a la crisis económica y a las dificultades del Gobierno para hacer frente al contrato con GTM.

Así, ha informado de que la futura concesión será de carácter plurianual y se adjudicará con un presupuesto de quince millones de euros para cada ejercicio, cuando hasta 2010 la financiación media fue de 46 millones anuales y en 2011 se fijó un ajuste de un máximo de 30 millones.

Además, ha señalado que la futura televisión pública de Murcia la gestionará el sector privado dado que la nueva ley de comunicación audiovisual permite, en sus palabras, una 'gestión indirecta pura' por parte de la Comunidad Autónoma. En cuanto al futuro de los cerca de 300 trabajadores de la empresa GTM, ha subrayado que el objetivo del Gobierno murciano es procurar que se reincorporen, en el máximo número posible, a La 7 cuando se resuelva el nuevo concurso de adjudicación. No obstante, al ser preguntado por esa posibilidad, ha explicado que la legislación no permite incluir cláusulas en los concursos para subrogar contratos laborales.

Murcia sería, así, la tercera comunidad autónoma gobernada por el PP que ataca a su televisión autonómica. En julio, la dirección de la Radio Televisión Valenciana (RTVV), en manos de la Generalitat que preside Alberto Fabra, anunció que despediría a 1.295 de los 1.695 trabajadores que conforman la empresa. Y hace una semana, trascendió la noticia de que el Gobierno de Madrid, en manos de Esperanza Aguirre, había solicitado a una empresa externa especializada en privatizaciones asesoramiento para la reestructuración de la empresa, lo que alarmó a sus trabajadores.