Los afectados por las participaciones preferentes han vuelto a tomar las calles de A Coruña al grito de 'Que devuelvan lo robado, no al corralito' en una marcha que ha salido de la glorieta de América y ha finalizado en la plaza de Ourense. Durante la manifestación se ha pedido una solución a los 45.000 afectados que hay en Galicia, entre pancartas como 'Banqueros y políticos, todos cómplices' y 'Dónde cojones está la justicia'.

La Plataforma das Preferentes de A Coruña había convocado la movilización, a la que se han sumado, entre otras organizaciones, Esquerda Unida, la Federación de Asociaciones de Vecinos da Coruña e Area Metropolitana, el 15M y Stop Desahucios. A muchos de los afectados en Galicia no les convence el arbitraje puesto en marcha por el gobierno gallego, ni tampoco las condiciones de Bruselas para el rescate bancario, porque perderían gran parte de su inversión.

'Nos están haciendo perder el tiempo mientras el Ministerio de Economía prepara una quita', ha asegurado a la Agencia Atlas Ana María Cedeira, Portavoz de la Plataforma de Afectados en la Coruña. Inisten en que han sido estafados y que no pueden ser considerados inversores cualificados, condición imprescindible para ser cliente de preferentes.

Las preferentes ofrecían una alta rentabilidad, pero a cambio de su contratación a perpetuidad y con un elevado riesgo. No suponían participación en el capital de la sociedad ni derecho a voto. La CNMV establece además que, en caso de quiebra del banco, los suscriptores de las preferentes cobren después de todos los acreedores ordinarios y subordinados de la entidad.

Las preferentes ofrecían una alta rentabilidad a cambio de un elevado riesgo

Más de 50 bancos y cajas españolas emitieron preferentes, de forma masiva desde que se desató la crisis en 2008, para reforzar su capital, y ofreciendo estas participaciones a sus clientes minoristas, aunque no eran 'el producto ideal de inversión para un jubilado', en palabras de Mario Fernández, presidente de Kutxabank, entidad que se mantuvo al margen de estas emisiones. 

En Andalucía, con 67.000 personas afectadas, la Fiscalía Superior advierte incluso indicios penales de delito de estafa en la colocación de las preferentes, al considerar que eran una práctica totalmente abusiva, contraria al ordenamiento jurídico y dirigida a personas con escasos o nulos conocimientos financieros. Así lo expuso el fiscal en un decreto dirigido al Defensor del Pueblo andaluz, que se interesó por la situación de los clientes de preferentes en la comunidad.