A finales de la década de los 90 la Generalitat Valenciana, en plena fiebre del ladrillo impulsada por constructores y un Partido Popular afín a sus intereses, puso en marcha el mastodóntico proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), el complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava que pretendía ser una de las joyas de la tierra prometida de los conservadores. Acumuló un sobrecoste de 625 millones, más de cuatro veces lo presupuestado en un primer momento. El ejecutivo que entonces presidía Francisco Camps se gastó un total de 1.282 millones de euros. Ahora, la dirección del complejo, dependiente de la Generalitat, ha anunciado al comité de empresa el inicio del despido del 50% de la plantilla, formada actualmente por 325, bajo el pretexto de 'adecuar su estructura a la situación de crisis'.

Así se ha informado en un comunicado de la Generalitat en el que se indica además que el despido colectivo se enmarca dentro del 'plan de viabilidad' de la empresa que recoge medidas para garantizar el futuro del complejo. En ese comunicado se explica que ante 'la difícil situación económica, el Consejo de Administración de CACSA aprobó en reunión celebrada el 11 de junio de 2012 el inicio de la tramitación del despido colectivo con el objeto de reducir costes y recortar las pérdidas. Nivelando los ingresos y gastos para tener menos dependencia de la administración'.

Santigao Calatrava se embolsó 94 millones por el diseño del complejo

Alegan además que este despido masivo obedece a causas económicas, procedentes del recorte de la asignación presupuestaria y el descenso generalizado en el volumen de ingresos de la empresa.

Este anuncio de despido de más de 160 trabajadores se produce en una empresa en la que el Partido Popular se gastó 1.282 millones salidos de las arcas públicas. Y 94 de estos millones, más de un 7%, fueron a parar a los bolsillos del arquitecto, el tan afín a los conservadores Santiago Calatrava, según reveló en su día el portavoz de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas Ignacio Blanco, que también denunció que siempre facturó a la Generalitat sin IVA al contar con su residencia legal en Suiza.