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El juez rechaza la intervención judicial de Bankia

Desestima la petición de UPyD y el Movimiento 15-M para que se colocara al frente del banco una administración judicial para evitar la continuidad delictiva

ANDRÉS MUÑIZ

Bankia seguirá siendo gestionada por José Ignacio Goirigolzarri y su actual Consejo, y no quedará bajo la dirección de una administración judicial. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la medida de intervención solicitada por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) y por el Movimiento 15-M, y se ha mostrado de acuerdo con las posiciones de la Fiscalía Anticorrupción, el FROB y los actuales gestores de Bankia, contrarios a la intervención judicial.

El auto del juez, hecho público hoy, señala que la intervención judicial no se justifica en la necesidad de evitar la continuidad delictiva, ya que los actuales administradores son distintos a los que mandaban en el banco cuando se produjo el agujero que se investiga. Además, Andreu destaca que 'de facto Bankia es una entidad intervenida por el Estado'. 

El juez no ha acogido los argumentos de UPyD y el 15-M, que entendían que los actuales gestores de Bankia eran continuadores de los anteriores, es decir, del equipo de Rodrigo Rato, como presidente, y de quienes eran sus consejeros. Rato y 32 ex miembros del Consejo del banco o de su entidad matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA) están imputados en la causa que instruye Andreu por el agujero de Bania, por la comisión de presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad contable.

Las acusaciones particulares también apoyaban la intervención judicial por considerarla más beneficiosa tanto para los accionistas del banco, como para sus acreedores y empleados.

Pero la Fiscalía Anticorrupción, los actuales gestores de Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía y actual accionista único del BFA, rechazaron la intervención judicial y destacaron ante el juez, en una vista a puerta cerrada celebrada la semana pasada en la Audiencia, que una medida de ese tipo sería catastrófica para la entidad y, por tanto, perjudicial para sus accionistas, empleados y acreedores.

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