David Lindignton, secretario de Estado británico, ha calificado como 'disgraceful' -una de cuyas acepciones en español es la de 'infame'- el comportamiento de la Guardia Civil en relación con la detención de dos gibraltareños que, el pasado viernes, supuestamente practicaban la pesca deportiva en la Bahía de Algeciras.

El alto cargo del Foreign Office -es ministro para la UE-, tras un comunicado inicial del Gobierno gibraltareño, aseguró que se sentía 'consternado por el comportamiento infame de la Guardia Civil española', a la que acusó de detener a los dos ciudadanos en aguas territoriales de Gibraltar y llevarlos posteriormente a España.

Desde Gibraltar, se asegura que los dos tripulantes de la embarcación deportiva fueron detenidos a apenas 200 metros del Peñón, dentro del perímetro de las aguas gibraltareñas que España se resiste a reconocer. Desde ahí se les obligó a ir hasta Algeciras aunque posteriormente fueron liberados y regresaron a puerto ese mismo día.

'El Gobierno dejará claro a España que ese tipo de acciones, por parte de un cuerpo encargado de aplicar la ley en un socio de la Unión Europea y un aliado de la OTAN, es intolerable e ilegal', afirmó Lindignton el domingo.

Su declaración sobrevino a instancias de las autoridades gibraltareñas que, horas antes, habían emitido un duro comunicado al respecto. Según el Gobierno de Gibraltar, la embarcación Rio Ceden de la Guardia Civil abordó al yate en aguas de la Roca y les conminaron a dirigirse a Algeciras, 'a gran velocidad y sin las luces de navegación'. Posteriormente, confiscaron las artes de pesca a pesar de que, según la versión de los pescadores, no estaban implicados en ninguna actividad ilícita.

Para el Gobierno de Gibraltar la actuación de la Guardia Civil fue una 'incursión ilegal', como en su opinión demuestra el hecho de que la Guardia Civil apagara las luces de navegación en 'un intento de evitar ser detectados', lo que entiende como que los agentes sabían que 'estaban actuando en aguas territoriales británicas de Gibraltar, en las que España no tienen jurisdicción'.

'Es importante recalcar que la Guardia Civil inició estas incursiones ilegales en 2009, al margen de cualquier disputa pesquera y han continuado haciéndolo a intervalos irregulares desde entonces. Incluso en alguna ocasión la Guardia Civil española ha entrado hasta el puerto de Gibraltar y desembarcado en nuestro suelo'. A juicio del gabinete que preside el laborista Fabian Picardo, 'el punto de vista del Gobierno de Gibraltar es que este último incidente, al igual que los otros, se encuentran totalmente al margen de las leyes internacionales y de lo que debiera ser una conducta de buena vecindad. Acciones como esta incrementan una clara y premeditada escalada continúa de atentados a la integridad soberana de nuestras aguas y al territorio, como ha venido ocurriendo repetidamente durante más de tres años'.

El Gobierno de Gibraltar no duda en tildar de 'fuerzas paramilitares' a la Guardia Civil En su comunicado, el Gobierno gibraltareño volvió a calificar a la Guardia Civil como 'fuerzas paramilitares', siguiendo una expresión utilizada semanas atrás por Picardo durante su comparecencia ante el Comité de los 24, en Naciones Unidas. 'Este criminal falso arresto y detención ilegal prosiguió durante casi dos horas. Todos los grupos sociales y políticos de Gibraltar quieren mostrarse unidos para condenar estos actos criminales por parte de agentes de la Guardia Civil'.

El Gobierno gibraltareño reclamó al británico que confirmara su repetida posición respecto al litigio de las aguas territorial, tal y como recientemente se contempla en el reciente Libro Blanco de los Territorios de Ultramar. Para la administración calpense, el número 10 de Downing Street debe hacer 'valer su posición para defender la integridad territorial de Gibraltar, por todos los medios que tienen a su disposición de una forma razonable y mesurada, pero eficaz'.

'Ha llegado ahora el tiempo para la acción, no solo para protestas por escrito de Londres a Madrid. El Reino Unido necesita preguntarse a sí mismo como actuaría si estos incidentes hubieran sido perpetrados por fuerzas paramilitares argentinas en las aguas ricas en petróleo y pesca que rodean a las islas Malvinas o en las áreas alrededor de la costa británica'.

Hoy, José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, diputado del Partido Popular y vicepresidente de la comisión de Defensa del Congreso, desmintió que ambos gibraltareños hubieran sido detenidos: 'En plena parada biológica, estaban pescando atún rojo a cinco millas del Peñón', argumentó Landaluce a preguntas de Público.

'No es lógica la reacción del Gobierno británico y del Gobierno de Gibraltar. Se dieron a la fuga y la lancha de la Guardia Civil les persiguió hasta ponerse a su altura y entonces les urgieron a que les acompañaran hasta Algeciras. Lo hicieron voluntariamente, aquí se les hizo una inspección y se les comunica una sanción administrativa que ni siquiera se les obliga a pagar. Es más, nunca estuvieron detenidos', añadió.

Este incidente, sin embargo, echa leña al fuego a las negociaciones de pesca que se encuentran actualmente interrumpidas entre Gibraltar, La Línea y Algeciras, por una situación que también tiene que ver con la ecología y con las millas jurisdiccionales.

El próximo lunes 30, vence el plazo para que científicos designados por una y por otra parte se pongan de acuerdo sobre esta cuestión: 'Dios quiera que esta semana se resuelva porque si no va a ser un lío muy gordo, de convivencia y de todo -vaticina Landaluce-. Estoy en contacto con todo el mundo y todo el mundo desea lo mismo pero los gibraltareños no ven la forma de salir del entuerto en los que se metieron ellos solos. Y me consta que Fabián Picardo, el ministro principal de Gibraltar, quiere hacerlo'.

Pedro Maza, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, no se muestra nada optimista en torno a esa posibilidad de acuerdo: 'Esta semana parece ser que nuestro científico Ignacio Sobrino se puede reunir con la científica británica y nosotros estamos a la espera. Nada más', aseguró a Público.

Ninguna de las 60 embarcaciones afectadas, en su mayoría con base en La Línea, han recibido hasta ahora ningún tipo de ayuda tras dos meses de conflicto. Alrededor de 400 familias se encuentran afectadas: 'Suele haber tres personas a bordo de las artesanales y  diez en las traíñas. Pero el efecto multiplicador es mucho mayor'.

'El día 30 es cuando vence el plazo -confirmó Maza-. Eso es lo que nos comprometimos y lo que vamos a cumplir. Y cuando yo digo que cuelgo las botas para negociar, las cuelgo'.

Gibraltar, por su parte, parece prepararse para un supuesto de que no se logre llegar a un acuerdo. Al menos, eso daría a entender el refuerzo que ha registrado la base local de la Royal Gibraltar Police Marine Station, con dos nuevas lanchas interceptoras que han sido adquiridas a Safe Boat, una empresa de Seatle, y que entrarán próximamente en servicio y que ya están siendo probadas por los agentes de la policía local.

Sin embargo, durante una visita oficial a dichas embarcaciones, Picardo aseguró que no se trataba de que estas nuevas lanchas persiguieran pesqueros sino para la lucha contra los ilícitos que concierne a todas las administraciones del Estrecho. Se trata de embarcaciones de trece metros de envergadura, equipadas con numerosos sistemas de seguridad, incluyendo la suspensión hidráulica de los asientos de la tripulación y capaces para la navegación en régimen de alta velocidad sobre aguas turbulentas.