Jorge Fernández Díaz explicó que el indulto parcial con el cual el gobierno intentó evitar el ingreso en prisión de cuatro Mossos d'Esquadra era una muestra de colaboración de su gobierno con el de la Generalitat. Cuatro agentes condenados por haber torturado a un albañil rumano, Lucian Paduraru, al que confundieron con un ladrón. Además de propinarle una paliza, le introdujeron una pistola en la boca, para advertirle que aunque el juez le dejara en libertad ellos le podían matar. 'No serás el primero', le advirtieron, por si no sentía suficiente presión.

El Consejo de Ministros atendió con esa medida de gracia los argumentos y la petición del conseller Felip Puig, que al parecer hizo ver entre otras cosas a su colega del gobierno central lo mal que le venía ese encarcelamiento, debido a 'la gran cantidad de apoyos y adhesiones' con la que contaban los condenados.

El entendimiento en esa materia entre uno y otro gobierno llama la atención por excepcional. Ahí no surgen, al menos en apariencia, conflictos de competencias ni graves discrepancias de criterio.

Cuando la Audiencia de Barcelona resolvió a finales de mayo pasado que el indulto parcial con el que el gobierno rebajó la condena contra los mossos no debía impedir su ingreso en prisión, el ministro señaló que en la medida en que el Departament d'Interior y los propios agentes condenados plantearan alguna otra petición la estudiarían 'con la mayor disponibilidad'.

Ese empeño conjunto y solidario en la defensa de la actuación de las 'fuerzas de seguridad' en cualquier circunstancia contrasta con la dureza de los responsables de las 'carteras' de Interior frente el reguero creciente de protestas ciudadanas. Crean unidades especiales, fomentan la delación, tipifican nuevos castigos, desempolvan antigua legislación, plantean denuncias por delitos que pueden ser castigados con años de carcel, imponen multas por centenares... Y se obstinan en hablar de 'batallas campales', 'episodios de violencia extrema', 'profesionales del desorden'... Se cortan poco. Hablan incluso de la existencia de 'guerrillas urbanas'.

Parece que se haya perdido el sentido de la medida. ¿Qué expresiones elegirían si realmente se produjeran explosiones sociales como las que se vieron el verano pasado en el Reino Unido? Parece como si prepararan un complejo dispositivo para hacer frente a todos los que expresan su disconformidad con los sacrificios extraordinarios que imponen actualmente las entidades financieras y las administraciones públicas, españolas y europeas.

En la sentencia contra los agentes condenados por torturas se dice que se abalanzaron sobre el ciudadano rumano, le dieron puñetazos en diferentes partes del cuerpo y pisotearon su cabeza contra el asfalto.

Quien más quien menos ha podido ver con sus propios ojos actuaciones policiales para sacar de sus casas a familias desahuciadas, cargas policiales sin sentido alguno, agresiones gratuitas contra ciudadanos pacíficos por parte de agentes uniformados y de paisano.

Cuesta entender la complicidad de los responsables políticos con episodios de brutalidad policial.

No se puede aceptar la pretensión de que se extienda entre la ciudadanía la sensación de temor ante la actuación de unas fuerzas de seguridad que con demasiada frecuencia complican la vida a quien trata con ellas y que todo el mundo debería percibir como un servicio público.